• jueves 23 de mayo del 2019
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Ordenan implementar un plan que garantice el acceso de las personas en condición de discapacidad al sistema de transporte urbano platense

La decisión contiene una serie de medidas a adoptar por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Público de la Provincia de Buenos Aires

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, al hacer lugar al recurso de apelación de la Asociación Azul y revocar la sentencia del Juzgado en lo Correccional N° 5 de la misma jurisdicción, ordenó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos implementar un Programa de Acción, tendiente a garantizar el acceso de las personas en condición de discapacidad al sistema de transporte urbano.-

La acción de amparo colectiva iniciada por la “Asociación Azul” y Daniel Sarmiento contra “Transportes La Unión Línea 202 S.A.”, recayó en el Juzgado en lo Correccional N° 5 de La Plata, donde se rechazó la solicitud de readecuación de la totalidad de las unidades de la flota afectada al servicio público de transporte colectivo para hacerla accesible a las personas con discapacidad motriz, basados en la prórroga de la autoridad de aplicación respecto de la adecuación progresiva de sus vehículos.

A lo largo del decisorio, la Cámara platense sostiene que el art. 75 de la Constitución Nacional, impone al Estado el deber de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, en particular respecto de los discapacitados, mediante acciones positivas, las que se efectúan a través de medidas que permitan contrarrestar o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o sistemas sociales, y que si bien tales medidas constituyen un mandato dirigido al Congreso, pueden ser tomadas en cuenta.

Asimismo, señalan que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado son necesarios para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos.

Por su parte, respecto del acto administrativo que otorga la prórroga para la readecuación de las unidades de transporte, sostiene que surge con claridad su colisión con el marco jurídico referenciado y que no es posible que se pueda invocar para incumplir con sus obligaciones referenciadas, declarando la inaplicabilidad del art. 3 de la Res. N° 142/18 de la Subsecretaría de Transporte.

En base a ello, el tribunal de alzada ordenó hacer lugar parcialmente al recurso de la parte actora y revocar el fallo de la instancia de grado, ordenando al Ministerio a iniciar un procedimiento administrativo con el fin de implementar un Programa de Acción, para lo cual debe convocar a una audiencia con la actora, la demandada todo otro interesado, a los fines de ponderar la instrumentación del plan.

Accedé al fallo 

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