• jueves 23 de mayo del 2019
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La Corte Suprema de Justicia y sus intromisiones en materia electoral provincial

Un análisis de los fallos del máximo tribunal que impidieron las re-reelecciones en La Rioja y Río Negro.

Por Martín Cormick

La Corte Suprema de Justicia, enmarcada en la garantía que debe darse desde el Gobierno Federal a las provincias para el ejercicio y goce de sus instituciones –art 5º de la Constitución-, mientras respeten el sistema republicano de gobierno, pero en tanto su calidad de “intérprete final de la Constitución”, conforme artículo 116 y numerosos fallos desde su creación[1], decidió resolver en un mismo día dos controversias provinciales sobre las posibilidades de sus gobernadores actuales (Rio Negro y La Rioja) de presentarse a un tercer período.

No es casual que haya decidido resolver ambas causas el mismo día 22 de marzo del presente año[2]. En ambos rechaza la viabilidad de las re-reelecciones, dejando sentado –a futuro- una serie de reglas ¿unívocas? sobre su rol de garante de la autonomía provincial en materia de derecho constitucional local electoral. Al unificar calendario, la Corte pareciera estar mandando un mensaje al resto de las provincias respecto de que, ante la duda, y salvo evidentes textos a su favor, las reelecciones serán limitadas.

Los casos no son similares, salvo en el deseo de los gobernadores actuales de renovar por un mandato más. No obstante, la Corte usa algunos argumentos comunes, y refiere en innumerables ocasiones a dos fallos recientes donde analizó cuestiones electorales provinciales de diversa índole. Estos son “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/Provincia de Santiago del Estero s/Acción Declarativa De Certeza”[3] (en adelante “Santiago  del Estero”), y  Unión Cívica Radical de la Provincia de Santa Cruz y otros c/ Estado de la Provincia de Santa Cruz s/ amparo.[4], en adelante, “Santa Cruz”. Es así que podemos decir que estos cuatro fallos constituyen hoy la jurisprudencia actual en materia de autonomía provincialy su competencia para regular su derecho electoral local. Asímismo, definen el  rol de garante del artículo 5º de la Corte.

Veamos los casos por partes:

El Precedente en Santiago del Estero

En “Santiago del Estero”, se debate sobre la posibilidad de Zamora de presentarse a un tercer período. Así,si bien el artículo 152 de la Constitución Provincial, limita, como establece el artículo 90 de la Constitución, a una reelección al Gobernador y/o Vicegobernador –o sucederse recíprocamente-, debiendo esperar un intervalo para ser elegidos nuevamente. A mayor abundamiento, la cláusula transitoria sexta establece que el mandato de Zamora de entonces -2005- computaba como el primero, por lo que era clara su imposibilidad de presentarse en 2013. No obstante, dicha cláusula transitoria fue declarada inconstitucional por un tribunal local, por lo que la Corte, al evidenciar la campaña donde el candidato Zamora apostaba a un tercer período, y no obstante no haberse efectuado las elecciones, las suspende cautelarmente, en tanto “...si bien la Constitución Nacional garantiza a las provincias el establecimiento de sus instituciones y la elección de sus autoridades sin intervención del Gobierno Federal (arts. 5 y 122), las sujeta a ellas y a la Nación al sistema representativo y republicano de Gobierno (arts. 1º y 5º) y encomienda a esta Corte el asegurarla...”[5]

Luego, el 5 de noviembre, en la sentencia de fondo[6], y limitando la injerencia del Gobierno Federal a la autonomía provincial, “tal prohibiciónno debe ser entendida con un alcance absoluto; permitiéndose “en los supuestos en que se verifique un evidente menoscabodel derecho federal en debate (doctrina de Fallos: 285:410, considerando10). Profundiza en el considerando 20 que sólo debe intervenir ante un evidente y ostensible apartamientodel inequívoco sentido que corresponde atribuir nada más ni nadamenos que a la Carta Magna.” Y que, al analizar los textos constitucionales provinciales, deben ser interpretados en el sentido más obviodel entendimiento común, concepto utilizado en los fallos de este año. Por lo tanto,el constituyente provincial del año 2005 fue soberanopara establecer como primer período a los efectos del artículo152 al comprendido entre los años 2005 y 2009 y pudo, evidentemente,elegir una solución distinta, pero no lo hizo.” –el resaltado es propio-.

El Precedente en Santa Cruz

            Por su parte, en “Santa Cruz”, se discute si la ley 3415 de esa provincia, en cuanto impone el sistema de doble voto simultáneo —conocido como sistema de lemas— para la elección de su Gobernador y Vicegobernador, es o no inconstitucional.[7]

            La Corte reitera entonces que su rol se limita a intervenir en los casos en donde haya un “...evidente y ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local del que resulten lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen a la esencia del sistema re[i]presentativo republicano que las provincias se han obligado a asegurar.”[8].

Por lo tanto, entendiendo la Corte que la ley de lemas es una ley que refiere al sistema electoral propio, y ella no es violatorio del artículo 114 de la Constitución local, no permite su intromisión en asuntos de derecho público provincial. Ello, más alllá de los reproches queda merecer el sistema.

La Rioja

Finalmente, llegan los dos fallos del 22 de marzo. En “La Rioja”, los hechos eran diferentes a los  dos precedentes citados.El original artículo 120 de la Constitución repite, palabras más-menos, el 90 de la Constitución Nacional, con una reelección y el intervalo de espera. A ello se busca enmendar con el texto “No hay sucesión recíproca entre el Gobernador y Vicegobernador si no hay entre cruzamiento de mandatos en las fórmulas por las que han sido electos. El Gobernador o Vicegobernador que haya sido electo por un solo periodo anterior, puede ser elegido para el ejercicio en el otro cargo por dos (2) mandatos consecutivos.” Por lo que los mandatos pueden pasar a ser tres si uno asume primero como vicegobernador y luego como gobernador. Es el caso de Sergio Casas. Dicha enmienda fue aprobada por la Legislatura local, conforme artículo 177 de la Constitución Provincial, con el voto de sus dos tercios, pero requiere la ratificación “...por consulta popular, que tendrá lugar en oportunidad de la primeraelección general que se realice.” A su vez, y en, quizás, una confusa redacción, el artículo 84 provincial sostiene, en materia de consulta popular, que “...se tendrá por rechazadapor el pueblo si una mayoría de más del treinta y cinco por ciento de los votos delos electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba.-“, existiendo entonces una especie de aprobación tácita.

Al respecto, el análisis de la Corte se centra en indagar qué se entiende por “primera elección general que se realice”,entendiendo, conforme una interpretación desde cómo se aplicó históricamente en la provincia, que la expresión "primera elección general que se realice" es la "primera elección general que se realice para cubrir el cargo cuya regulación constitucional se procura enmendar[9]. Respecto de los porcentajes para rechazarla –un 35 % del total-, la Corte entiende que se pone en cabeza de la legislatura provincial la potestad de modificar la Constitución sin que el pueblo explicite su voluntad en el mismo sentido. La práctica implica despojar al pueblo del poder constituyente derivado y otorgárselo a un poder constituido -la legislatura de la provincia-, cuya decisión se presumirá válida a menos que el pueblo la rechace. No importa entonces cuántos votantes estén a favor de la reforma, sino que se exige saber cuántos están dispuestos a rechazarla, y ello a pesar de que el artículo 177 de la Constitución provincial establece que la enmienda solo quedará incorporada si fuere "ratificada" por consulta popular.”[10] En definitiva, invalida el proceso que permitiría a Casas aspirar a un nuevo período, basándose en deficiencias en interpretación y aplicación de normasconstitucionales locales.

 Rio Negro:

 Finalmente, en Rio Negro, el centro de la discusión es el cómputo de los mandatos del gobernador. Así, el artículo 175 de la Constitución provincial reitera, y como vemos se ha transformado en norma casi general, la relección a un período y la exigencia de intervalo de espera. En los hechos, Alberto Weretilneck fue elegido vicegobernador en 2011, junto al gobernador electo Carlos Soria. A pocos días de asumir es asesinado, reemplazándolo entonces Weretilneck en la gobernación. Entonces, siendo que fue reelegido en 2015, ¿este es su primera reelección como gobernador, o debe computarse que ya fue elegido como vicegobernador en un período –asumiendo, como dijimos, como gobernador-, y en otro como gobernador, no pudiendo ser reelecto nuevamente?El elartículo 180 de la Constitución rionegrina, para los casos de acefalía, establece en su apartado 2), “En caso de fallecimiento, destitución, renuncia o inhabilidad definitiva del gobernador, antes o después de su asunción, lo reemplaza el vicegobernador hasta el término del mandato.” El vocablo reemplaza, ¿permite considerar dicho primer mandato como no computable en términos del artículo 175, pudiendo ser elegido y reelegido como gobernador en dos períodos consecutivos posteriores?

Vemos que el tema se cierne a la interpretación de dos artículosde la constitución provincial. En su considerando 23 a 26, la Corte concluye que si la inhabilitación fuera solo fuera el caso de cargos cruzados, permitiría que uno solo pueda ir intercambiando ambos cargos del binomio indefinidamente[11] -argumento usado por el Tribunal Superior de Justicia de Rio Negro.

No obstante, Rosenkratz entiende que lo que está en juego en el caso es un debate de interpretación y alcance de normas locales. Así lo remarca en su  considerando 4°), y con clara reminiscencia a “Santa Cruz”. No obstante, Rosenkratz, lejos de finalizar allí su voto, entiende que las normas constitucionales en juego son el artículo 5º y el 122. La regla del 122 (elegir sus autoridades sin intervención del Gobierno Federal), sólo cede ante la necesaria intervención para garantizar el sistema republicano de gobierno. Y este apartamiento tiene que ser ostensible. De no ser así, la Corte se ubicaría como el  último intérprete de las constituciones y leyes locales, en cuanto ellas reglamentan el principio republicano, lo que implicaría sin duda la anulación del sistema federal de gobierno que nuestra Constitución ha adoptado, en general, en el artículo 1° de la Constitución.”[12]

A modo de conclusión

 “Río Negro” deja, quizás, un final abierto respecto de las intromisiones de la Corte en materia de Derecho Público local electoral. El voto de la mayoría analiza el texto constitucional rionegrino, y entiende que sólo le cabe la interpretación asimilable a nuestra Constitución Nacional. Cuando, como expusimos, aún con algún reproche, y dadas las particularidades del caso, existían otras interpretaciones. Así lo entienden, con diversos argumentos, Rosenkrantz y Highton. Advierten que una interpretación posible de los Tribunales locales, que no sea evidentemente contraria al texto, no debería ser tachada de inconstitucional por el máximo tribunal.

Entendemos que, si cuando la Corte analiza la posible inconstitucionalidad de una Ley lo hace con la mayor prudencia posible, inclinándose ante la duda por su validez[13], más aún, y en tanto así se garantiza el sistema federal de gobierno conforme artículos 1º, 5º y 122, debe estar atento a no invalidar decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia provinciales ante algún margen de duda en su interpretación. Caso contrario, la Corte actúa con una indebida intromisión en analizar –y de alguna manera, querer compatibilizar- textos constitucionales locales, que, conforme nuestro sistema, deben quedar sujetos al análisis exclusivo –aunque dicho análisis no nos guste, claro está-, de los Poderes Judiciales provinciales. Esta Corte que, en su calidad de tutora, interviene aun en casos dudosos, amplía sus facultades en desmedro de los tribunales locales, contrariando los propios artículos constitucionales que dice defender.



[1] Sólo para citar el primero, Fallos 1:340 (Ministerio Fiscal c/Benjamín Calvete por atentados contra la inmunidad de un Senador. Fechas 27/09/1864.

[2] Los fallos son “Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo.” (en adelante “La Rioja”)”, y “Frente para la Victoria - Distrito Río Negro y otros c/ Río Negro, Provincia de s/ amparo. (en adelante “Rio Negro”)”

[3] Fallos 336:1756, 22/10/13 y luego 336:2152 del 5/11/13

[4] CSJN, 11/12/2018, Fallos 341:1885

[5] Considerando 4º

[6] Fallos 336: 2152

[7] En los hechos, de declararse así, modifica el resultado a la elección a Gobernador.

[8] Citando, valga la aclaración, expresamente lo resuelto en “Santiago del Estero”

[9] Considerando 24.

[10] Análisis desarrollado en los considerandos 34 a 36. 

[11] Considerando 26.

[12] Considerando 8º del voto de Rosenkrantz. Highton en su voto disidente llega al mismo criterio, en tanto los órganos jurisdiccionales provinciales son los naturales intérpretes de las normas de derecho público local, “...no le incumbe a esta Corte Suprema discutir la forma en que las provincias organizan su vida autónoma conforme al artículo 122 referido.” 

[13] Tema ajeno al presente trabajo, pero desarrollado acabadamente por la Corte Suprema. En “Rodríguez Pereyra”, incluso, entendiendo que la declaración de inconstitucionalidad puede ser de oficio -, aunque, repitiendo en el considerando 14), que ante la duda debe estarse en favor de la validez de las normas. CSJN, Rodríguez Pereyra Jorge Luis y otra c/Ejército Argentino s/daños y perjuicios. 27/11/2012.  Fallos 335:2337. 

 

 

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