• sábado 07 de diciembre del 2019
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Laboratorios Craveri: crónica del atropello a los derechos laborales y sindicales

El conflicto gremial ocurrido en laboratorios Craveri que culminó con la detención de cinco representantes sindicales de la comisión interna el pasado miércoles constituye un verdadero estado de excepción.

El sector farmacéutico no es ajeno a la profunda crisis económica que atraviesa el país, a lo cual se suma una tensión política que viene enfrentando a los laboratorios nacionales con la administración de Mauricio Macri. Pero de ninguna manera pueden ser los trabajadores quienes carguen con las consecuencias de esas circunstancias.

A raíz de las dificultades que venía padeciendo la empresa, en julio del año pasado se presentó un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) y un programa de retiros voluntarios. Sin embargo, el mismo fue rechazado por el gremio de sanidad y no fue homologado por la cartera laboral. La respuesta de la compañía fue pagar los sueldos en cuotas lo cual no tiene sustento legal en la ley de contratos de trabajo (LCT) e intentó, sin éxito, cerrar el turno noche de producción.

Este escenario fue la antesala de la decisión de despedir a cuarenta y siete trabajadores el viernes pasado.  En vez de notificar semejante decisión por escrito y de forma individualizada a cada uno de los damnificados, recurrieron a la penosa moda de los últimos años de anoticiar las cesantías mediante un listado en la entrada de la empresa en franca violación del artículo 243 de la ley Nº 20.744. Quien estuviera dentro de esa lista, no podía ingresar y quedaba desvinculado.  

No conforme con lo anterior, los dueños de Craveri dispusieron abonar la indemnización del 247 de la LCT, la cual autoriza al empleador, en casos de fuerza mayor o falta o disminución del trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, a abonar el 50% de la indemnización que un trabajador debería percibir según artículo 245 de la citada norma. Excede el objeto de esta nota analizar todas las complejidades que lleva la aplicación de la indemnización reducida del 247. No obstante, cabe mencionar que ante circunstancias que prima facie estarían contempladas en esos requisitos, según la cantidad de trabajadores afectados, antes de tomar cualquier medida en perjuicio de los empleados debería iniciarse el PPC establecido en la ley Nº 24.013 o bien el mecanismo dispuesto en el Decreto Nº 328/88. El jurista Juan Carlos Fernández Madrid, una de las voces más autorizadas en el campo del derecho laboral, tiene dicho que el artículo 247 de la LCT es “una excepción y su aplicación debe ser restrictiva”. En esa línea de pensamiento, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en los autos “RIVAS ZÁRATE EDUARDO FÉLIX C/ INDUGRAF S.A. S/ DESPIDO” enfatizó el carácter excepcional del supuesto que contempla el artículo en análisis y sostuvo que “la mera tramitación ante el Ministerio de Trabajo del Procedimiento Preventivo de Crisis de ningún modo significa que se encuentre probada la falta o disminución de trabajo con los alcances y requisitos que el art. 247 LCT exige para autorizar al empleador a ampararse en dicha normativa”. Sin notificar debidamente a los trabajadores, y sin probar ni precisar fehacientemente la fuerza mayor o la causal económica, laboratorios Criveri no está de ninguna manera facultada a desconocer la regla indemnizatoria que dispone la LCT en el artículo 245.

Los atropellos a los derechos de los trabajadores tuvieron su punto máximo el miércoles pasado cuando se intentaba desarrollar una asamblea, la cual fue obstaculizada por la empresa al intentar prohibir el ingreso a la planta de miembros de la comisión interna del sindicato, y culminó con la irrupción de fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que se llevaron detenidos a cinco representantes gremiales. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tiene establecido que “si bien es cierto que nuestro ordenamiento legal no contempla específicamente el tema de las asambleas de personal, la posibilidad de su realización legítima tiene sustento en las disposiciones legales que otorgan a los trabajadores el derecho a reunirse”, como surge del artículo 4 inciso c de la ley de Asociaciones Sindicales (LAS). En ese sentido, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT (CEACR) ha subrayado que “la libertad de reunión constituye uno de los elementos esenciales de los derechos sindicales. Las autoridades deberían abstenerse de toda intervención que pueda limitar este derecho u obstaculizar su ejercicio legal”. Ha agregado que se estaría violando la libertad sindical si se vulnerara el derecho a celebrar reuniones sindicales o si los dirigentes no tuvieran acceso a los lugares de trabajo. Es evidente que la actitud de la empresa en convivencia con el Estado de la ciudad el cual, a través de la fiscalía Nº 26 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas envió a la Policía de la Ciudad a impedir el desarrollo de la asamblea, constituye una violación a los derechos sindicales de los trabajadores.

Si lo anterior no fuera lo suficientemente grave, la decisión de llevarse detenidos a cinco dirigentes sindicales implicó un atentado a la libertad sindical que no se condice con estándares democráticos. La CEACR ha expresado en más de una oportunidad que el derecho a la libertad, y a la protección contra la detención y la prisión arbitrarias son indispensables para el ejercicio de la libertad sindical, y que un movimiento sindical verdaderamente libre e independiente sólo puede desarrollarse dentro de un clima en el que se respeten los derechos humanos fundamentales. No existe ninguna prueba que respalde la versión oficial de que los detenidos hayan agredido físicamente a personal de la empresa ni que hayan violentado el sistema de suministro eléctrico de la plata. Parece más un pretexto para justificar la intervención de las fuerzas de seguridad las cuales, según la OIT, “deben limitarse estrictamente al mantenimiento del orden público cuando éste se hallare realmente amenazado o la situación entrañara cierta gravedad”, circunstancias que a la vista no ocurrían en este caso.   

Esta crónica de atropellos a los derechos de los trabajadores que concluyó con detenciones de sindicalistas más propias de contextos dictatoriales no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un clima de época donde si bien ha fracasado el intento normativo por flexibilizar los derechos de los trabajadores, el mismo viene ocurriendo en la práctica con una supresión fáctica de derechos y garantías como ocurriera meses atrás con los trabajadores del subte. Cuando se quiebra de manera sistemática el estado de derecho, se resquebraja el pacto democrático y el orden constitucional, y se entra en un estado de excepción donde impera la desconfianza. No puede haber futuro y progreso posible en ese marco. Urge que desde las instituciones se respete y haga respetar la legislación vigente, y cualquier modificación o debate se canalice a través del Congreso de la Nación.

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