• domingo 24 de marzo del 2019
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La Corte confirmó que cualquier persona puede pedirle información al gobierno y que no basta decir que es “secreta” para no entregarla

El máximo tribunal sostuvo que todo ciudadano puede realizar dichos pedidos y que es el estado quien tiene la carga de demostrar que lo solicitado no puede ser divulgado

Un nuevo fallo de la Corte Suprema estableció que se debe decir de forma precisa y detallada por qué se le niega a un ciudadano el acceso a información en poder del estado. Además, aclaró que no hace falta demostrar ningún interés para pedirle información al gobierno, y que cualquier ciudadano tiene derecho a hacerlo sin importar a que se dedique y para qué pide la información.

Fue en el caso del periodista Claudio Savoia, quien en 2011 había solicitado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que le diera copias de todos los decretos sancionados por la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Muchos de esos decretos habían sido clasificados y por lo tanto no podían ser consultados libremente.

La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia rechazó el pedido del periodista argumentando que dichos decretos eran secreto de estado. Ante esta negativa, Savoia presentó un recurso de amparo.

En primera instancia se falló a su favor, pero al ser apelado la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el pedido del periodista por considerar que no contaba con legitimación para presentar el amparo. Los jueces cuestionaron que no se había acreditado por qué le interesaba a Savoia tener acceso a los decretos. El tribunal también consideró que el estado había negado correctamente el pedido porque los decretos estaban clasificados como secretos.

Durante el transcurso de este proceso el gobierno dictó el decreto 2103/2012, que desclasificó de forma general la gran mayoría de la información pedida por Savoia, con excepción de aquellos que ameritaban "mantener dicha clasificación de seguridad por razones de defensa nacional, seguridad interior o política exterior; y los relacionados con el conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal". Aún así, la demanda avanzó, por considerar que todavía había algunas normas dictadas por los gobiernos de facto que permanecían inaccesibles.

El caso fue apelado y llegó a la Corte Suprema. Allí se consideró que el estado había actuado de forma incorrecta con el periodista, negándole la información sin decir claramente por qué no se le permitía el acceso. Los altos magistrados ordenaron que la causa fuese enviada nuevamente a cámara para que ese tribunal ordene al estado fundamentar detalladamente su negativa.

La corte aprovechó para reconfirmar varios ejes claves introducidos en la reciente ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, y que ya contaban con antecedentes en el derecho nacional e internacional. Fue así que brindó precisiones en cuanto al principio de máxima divulgación, la carga de la prueba en cabeza de la administración y la legitimación de cualquier ciudadano para pedir información al estado.

En cuanto al primer punto, el fallo vuelve a definir el principio de máxima divulgación como "la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones,  pues  el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios  de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace  posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción  ejerzan el control democrático de las gestiones estatales".

La corte luego esclareció quién tiene la carga de probar que la información pedida no puede ser entregada, al decir que "los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. De esta forma, se evita que por vía de genéricas e imprecisas afirmaciones, pueda afectarse el ejercicio del  derecho y se obstaculice la divulgación de información de  interés público".

Finalmente, el máximo tribunal consideró que el carácter de periodista del demandante era irrelevante, al decir que: "(el acceso a la información pública) es un derecho que pertenece a toda la población sin distinción alguna. Se trata, endefinitiva, de un derecho que pertenece al hombre común y no es posible restringir tal pertenencia sin debilitar al sistemademocrático y al principio republicano que sirven de sustento aesta prerrogativa".

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