• jueves 23 de mayo del 2019
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8M de Paro Internacional y Alianza Feminista

Un análisis sobre las movilizaciones multitudinarias que lograron cambios significativos en Argentina y los reclamos que aún exigen una respuesta del Estado. Si de deudas pendientes se trata, democratizar la Justicia en clave feminista es de las más necesarias.

El Día Internacional de las Mujeres se conmemora para recordar y homenajear a las 146 obreras de una empresa textil de la ciudad de Nueva York –jóvenes e inmigrantes en su mayoría- que en el mes marzo de 1857 murieron en un incendio provocado por los dueños, luego de una huelga y ocupación de la fábrica donde reclamaban, entre otras cosas, jornadas laborales de 8 horas, descanso dominical e igual salario por igual tarea.

Este 8M de un nuevo paro internacional feminista se ubica en una genealogía que va desde las movilizaciones multitudinarias del  “Ni una Menos” “Vivas y libres nos queremos” del 3 de junio del 2015, que instaló una nueva fecha como clave del movimiento de mujeres, travestis y trans, complejizando año a año su composición y centrando su reclamo en las violencias físicas contra las mujeres y su extremo resonante: el femicidio.  Pasando por la sanción de la ley 14.848 de paridad de género en la representación política de la provincia de Buenos Aires, disposición que se replica a nivel nacional en el año 2017 con la ley 27.412 que modifica el código electoral nacional; el histórico debate por la legalización del aborto seguro y gratuito durante el año siguiente en el Congreso de la Nación,  en sintonía con el pedido por la implementación de la ley de educación sexual integral en las escuelas. Hasta la denuncia del colectivo de “actrices argentinas” y la sanción a fines del año 2018 de la denominada “Ley Micaela” que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, necesidad de profesionalizar que quedó en evidencia con el fallo del caso de Lucía Pérez, en el que los jueces del TOC 1 de Mar del Plata justificaron los abusos que sufrió la victima antes de ser asesinada.  

Todo este camino, de hechos tan significativos, fueron posibles porque la historia del feminismo en nuestro país siempre ha sido de debate y alianzas de distintas generaciones,  de dialogo entre las históricas, las pioneras, la de los Encuentros Nacionales de Mujeres, y las jóvenes del #NiUnaMenos, del primer paro internacional y de estudiantes de secundarios con pañuelo verde en la mochila.

La revolución de las hijas, señala Peker y nos interpela.

Y si de deudas pendientes hablamos, democratizar la justicia en clave feminista es de las más necesarias. No solo porque así lo establecen los principios en materia de derechos humanos de las mujeres, consagrados en el orden internacional, contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención contra toda forma de Discriminación de la Mujer. Prescripciones que se enmarcan en una concepción progresiva de los derechos fundamentales, que no sólo requieren del Estado una posición de mero garante neutral o abstencionista, sino que le encomienda remover los obstáculos para hacer verdaderamente efectiva la realización de tales derechos, debiendo eliminar todo tipo legislación y práctica discriminatoria, sino a modo de enmendar parte del error del proyecto político fundacional.

Que a 162 años de aquel hecho, este 8M contribuye -un año más- a transitar por los bordes, a tomar la palabra, a la acción y organización, a la conquista y lucha por el deseo, en defensa de una sociedad igualitaria, horizontal, plural, democrática. Contribuye a un 2019 más feminista.

 

(*) Abogada. Profesora adscripta Historia Constitucional y Coordinadora del Area de Género de la Secretaría de Asuntos Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP

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