• viernes 23 de agosto del 2019
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Los laudos del CIADI contra la Argentina son información pública

Así lo determinó un fallo de la Justicia Federal de La Plata que quedó firme.

Un fallo de la Justicia Federal de La Plata determinó que las decisiones dictadas en procedimientos arbitrales seguidos contra la Argentina, bajo el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estadios Nacionales y otros Estados (CIADI), constituyen información pública. 

Así lo hizo tanto el juez federal Alberto Recondo como la Sala II de la Cámara Federal de esa capital bonaerense, al admitir la acción de amparo del abogado Facundo Pérez Aznar contra la Procuración del Tesoro Nacional para que se garantice el acceso a la información pública y se le permita la publicación sin condicionamientos de 5 laudos arbitrales del CIADI en los que nuestros país fue parte.

El letrado había pedido acceso en la sede de la Procuración del Tesoro Nacional pero dicho órgano le indicó que se le otorgaba la información pero eso no implicaba consentimiento para que la misma sea publicada, ya que se consideraba confidencial. Por lo tanto, en caso de que eso sucediera, debería responder por los daños y perjuicios que generase dicha difusión. Incluso, la documentación fue remitida con el sello de “publicación no autorizada”.

En consecuencia, Pérez Aznar inició acción contra la Agencia de Acceso a la Información Pública con el objetivo de que se lo habilite a acceder a dicha documentación sin ningún tipo de reparos, argumentando que entregarla condicionada lesiona el derecho de acceso y va en contra de los principios de la ley que prohíben la censura previa.

También, sostuvo que no hay norma que obligue al Estado nacional a mantener la confidencialidad de las decisiones arbitrales dictadas en el CIADI ni que indiquen que para que estas sean públicas se requiera el consentimiento de la contraparte en arbitraje, lo que anularía el argumento esgrimido por la demandada de que existía un “riesgo potencial”  a una eventual acción de responsabilidad contra el Estado.

Además, destacó que en la Ley no se prevé que la información se entregue bajo la condición de que no sea publicada. 

Si bien el Juzgado Federal N°4 hizo lugar a la acción planteada y el fallo fue apelado. Finamente, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la resolución de la primera instancia.

Luego de hacer un análisis de doctrina y jurisprudencia en la materia, el juez César Álvarez argumentó: "Así, el juego armónico de la normativa interna, internacional y los principios establecidos en la materia desarrollados precedentemente, exigen del operador estatal, responsable de brindar la información, una actitud tendiente a la transparencia, en pos de asegurar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información".

"En este orden, los riesgos potenciales aducidos por la Procuración del Tesoro de la Nación para condicionar la entrega de los documentos ­sin permitir la publicación, el libre uso y la difusión de éstos­ no encuadran   dentro   de   las   excepciones   normativas   o   los   principios jurisprudenciales desarrollados, ni aseguran el real ejercicio del derecho amparado", agregó. 

La decisión, ahora, quedó firme y es problamente la primera sentencia judicial, con este carácter, bajo la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275.

Fallo de la Cámara Federal de La Plata

Fallo del Juzgado Federal 4 de La Plata

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