• miércoles 20 de febrero del 2019
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Una demanda contra la justicia estadounidense busca reducir los costos de acceso a la información pública

Un grupo de ONGs presentó una demanda argumentando que el sistema por el cual se solicita acceso a resoluciones de los tribunales de ese país impide el acceso a la justicia y el ejercicio de la libertad de prensa.

Académicos que estudian el derecho comparado y periodistas que buscan información sobre casos que tramitan ante la justicia estadounidense muchas veces se han encontrado con esta barrera: para acceder a los archivos y resoluciones judiciales que tramitan en Estados Unidos hay que utilizar un sistema llamado PACER (Public Access to Court Electronic Records). El mismo cobra diez centavos de dólar por cada página a la que se solicita acceso y a menos que se limiten las búsquedas a un número muy pequeño de resoluciones, termina siendo muy oneroso para quienes necesitan esa información y no cuentan con el respaldo de una institución que los provea de fondos.  

Por primera vez una demanda busca levantar esta barrera. Se trata de una acción de clase que intenta demostrar que el sistema impone tarifas muy superiores al verdadero costo de almacenar y brindar esa información.

“El peso de las tarifas en el presupuesto judicial es leve, pero el daño que producen es todo lo contrario: las tarifas altas estorban el acceso a la justicia, imponen barreras muchas veces insuperables para los litigantes de bajos recursos, desalientan la investigación académica y el periodismo, y en definitiva inhiben el entendimiento de las cortes por parte del público”, sostiene la demanda promovida por la National Veterans Legal Services Program junto a otras dos organizaciones no gubernamentales.

El eje central del debate se basa en que el Congreso de los Estados Unidos autorizó al Poder Judicial para que cobre tasas con el objetivo de “compensar los gastos incurridos al proveer el servicio” de acceso a la información. Los demandantes sostienen que lejos de mantenerse dentro de ese marco, la justicia estadounidense está cobrando un importe sustancialmente superior al necesario y lo está destinando a la financiación de otros proyectos.

Según la evidencia presentada, el poder judicial estadounidense tiene un presupuesto de alrededor de U$S 6.000 millones, y ha recaudado tan solo alrededor de U$$ 146 millones a través de PACER, lo cual representa una pequeña parte de sus recursos.  Sin embargo, según la propia información pública otorgada por los órganos judiciales, solo necesitan entre un millón y dieciséis millones de dólares para garantizar el acceso a dichos registros informáticos. Circunscribir las tasas de PACER a estos números reduciría sustancialmente el costo para acceder a registros de los tribunales estadounidenses.

Finalmente, los demandantes indican que además de violar la legislación específica, el sistema actual viola la interpretación jurisprudencial de la Primera Enmienda de la Constitución Estadounidense, ya que el mismo impone una tarifa con fin de lucro al ejercicio del derecho a la libertad de información y de prensa garantizados en la carta magna de dicho país.

Accedé a la demanda (en Inglés)

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