• domingo 16 de diciembre del 2018
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Reconocen la responsabilidad por omisión del Estado ante el homicidio de dos menores

La Suprema Corte bonaerense hizo lugar a una demanda por daños y perjuicios contra el Estado presentada por una mujer que había denunciado por violencia de género en reiteradas oportunidades a su ex esposo y padre de sus hijos.

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reconoció la responsabilidad del Estado por omisión ante el homicidio de dos niños por parte de su padre.  El máximo tribunal bonaerense hizo lugar a la demanda contra el Estado por daños y perjuicios realizada por la madre de los menores.

En octubre del año 2000 Ariel Rodolfo Bualo, ex esposo de Adriana García, degolló a los dos hijos que tenían en común de 4 y 2 años. Si bien la mujer había realizado denuncias por violencia de género en reiteradas oportunidades y había alertado por el peligro que corría la integridad de sus hijos, la Justicia de Mar del Plata no hizo lugar a sus pedidos y ordenó que continúe el régimen de visitas.

En diálogo con Página 12, García explicó: “Si no se los dejaba ver me multaban, tenía que pagar mucha plata por día. Yo no tenía ese dinero. No sabía qué hacer. Hacía las denuncias y la Justicia no me escuchaba. No tomaban conciencia del riesgo en el que estaban. Nadie me asesoraba”.

En su voto, Héctor Negri analizó las denuncias realizadas, la tardía actuación de las instituciones que tomaron conocimiento de las mismas y la deficiencia con que la policía bonaerense tomó las declaraciones. En consecuencia, concluyó que la debida evaluación de la situación podría haber razonablemente evitado lo sucedido debido a que hubo diligencias que podrían haberse aplicado pero fueron ignoradas.

“Resulta evidente que ante la búsqueda de seguridad y justicia efectuada por la señora García, los órganos del Estado incurrieron en una falta de servicio, en una actuación deficiente. Hubo dilación en la toma de medidas, indiferencia ante los distintos indicadores que oportunamente fueran puestos en conocimiento. El escenario de violencia creciente imponía la necesidad de tratamiento urgente y  la omisión en el accionar estatal resultó apta para ocasionar el daño”, argumentó.

Por último, enfatizó que esas deficiencias constituyen la relación causal que permitieron la consumación de los hechos con desenlace fatal.

En esa misma línea, Lazzari agregó que se las sentencias previas se dictaron a través de estereotipos de género, con prejuicios y barreras institucionales de acceso a la justicia, que no permitieron orientar el verdadero alcance de los hechos motivo de investigación, y de este modo imposibilitaron considerar la necesidad de acudir a otras medidas de protección para evitar el riesgo.

Accedé al fallo. 

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