• miércoles 26 de junio del 2019
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Avanza la estrategia oficial para llevar todas las causas por aumentos de tarifas a la Justicia Federal de Capital

El planteo oficial busca que los expedientes tramiten únicamente ante el Fuero Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires

Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (electricidad, gas natural y agua) provocaron cientos de causas judiciales a lo largo de la Justicia Federal de todo el país en los últimos tres años. La Corte Suprema, en 2016, anuló un incremento en el gas que no había contado con la audiencia pública previa a pedido del CEPIS, una asociación civil de La Plata que litigió en los tribunales federales de aquella ciudad. 

Frente a la cantidad de litigios que comenzaron a suscitarse a partir de allí, los abogados del Poder Ejecutivo Nacional articularon una estrategia que consiste en tratar que todas aquellas causas sean discutidas en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, en concreto en el fuero contencioso administrativo, con el argumento que las resoluciones administrativas que disponen los aumentos se dictan en esa ciudad y su cuestionamiento debe darse, en función del domicilio, en los juzgados con sede en aquella ciudad. 

De este modo, frente a los causas judiciales contra las subas de tarifas que se dan en la Justicia Federal de las provincias argentinas, los abogados del Gobierno plantean inhibitorias ante los jueces del fuero contencioso administrativo federal porteño para que estos declaren su competencia y le pidan a sus pares de las provincias que les remitan los expedientes que tienen en tratamiento. Muchos jueces del interior del país no han admitido esta jugada y la cuestión de a que magistrado le toca el expediente queda a definición de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos, por disposición de la ley 26.854. 

La asociación CEPIS volvió a demandar colectivamente por la suba tarifaria de 2017 y 2018, la Justicia Federal de La Plata aceptó tramitarla las causas pero los abogados estatales utilizaron la maniobra y plantearon inhibitorias ante los tribunales contenciosos administrativos de la Capital.

La entonces jueza contenciosa Claudia Rodríguez Vidal fundó que las resoluciones impugnadas se emiten en la Ciudad de Buenos Aires y ello conduce a que la causa judicial sea tramitada allí. La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal validó esa decisión por los mismos fundamentos. El Cepis presentó recurso extraordinario para llevar el caso a la Corte Suprema pero la Cámara lo denegó. Ahora la asociación civil presentó la queja ante el máximo tribunal, quien le pidió opinió al Procurador General de la Nación. 

Situación similar le ocurrió al Defensor del Pueblo de la Provincia del Chaco que cuestionó una suba electrica y el Gobierno le planteó la inhibitoria. Ahora, otra Sala de la Cámara Contenciosa -la IV- ratificó el criterio en favor de los tribunales porteños.

La jugada oficial no se limitó a causas colectivas sino que también fue utilizada en causas donde ciudadanos, en forma individual, cuestionaron los aumentos en las tarifas en los tribunales de sus domicilios. 

Demanda defensiva y anticautelares

La discusión sobre a qué jueces le corresponde tramitar las causas contra suba de tarifas no es la única estrategia oficial en estos litigios. Una innovadora y polémica jugada la realizó el Ministerio de Ambiente de la Nación, con patrocinio del procurador del tesoro, quien demandó a la asociación civil CEPIS y "cualquier otro que invoque legitimación colectiva" con el fundamento que si se retrotrae la suba en la tarifa del gas se perjudica el medio ambiente.

Además, pidieron una medida asegure la ejecutoriedad de las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron la suba en la tarifa de gas natural en todo el país, es decir, que vede a otros jueces la posibilidad de decretar cautelares que frenen el aumento.

La causa está en trámite ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°3 de la Capital que, actualmente, se encuentra sin juez titular y el presidente Macri envió el pliego de Santiago Carillo para recibir acuerdo del Senado a los fines de su designación. 

Final abierto

Los litigios en materia de incrementos tarifarios siguen llegando a los tribunales federales del país pero la decisión de qué jueces pueden tramitarlos y resolverlos aún espera un criterio de la Corte Suprema. También habrá que mirar con atención como se mueven los abogados del Gobierno en utilizar demandas defensivas o pedidos anticautelares y, en especial, el avance parlamentario del proyecto para regular las acciones colectivas que, si bien tuvo dictamen de comisión en Diputados, aún no fue tratado en el recinto. Un final abierto para un tema clave para el Gobierno y los tribunales. 

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