• domingo 16 de diciembre del 2018
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Denuncian al Gobierno ante la ONU por el decreto que ordenó convertir Campo de Mayo en una reserva ambiental

La presentación la realizó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo junto a otras organizaciones de Derechos Humanos. Argumentaron que esa decisión pone en riesgo la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia.

A través del decreto 1056/2018 el Gobierno de Mauricio Macri ordenó convertir el predio de Campo de Mayo en una reserva ambiental. En consecuencia, los organismos de Derechos Humanos repudiaron la decisión y desde Abuelas de Plaza de Mayo realizaron una presentación judicial en la ONU.

Desde el organismo que preside Estela de Carlotto manifestaron su preocupación a través de un comunicado y manifestaron que la decisión del Poder Ejecutivo pone en riesgo la preservación de un espacio fundamental para la búsqueda de Verdad, Memoria y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército argentino durante la última dictadura cívico militar. En el lugar funcionaron tres centros clandestinos de detención, allí permanecieron alrededor de cinco mil víctimas y se estima que más de 30 bebés nacieron en esas dependencias durante el cautiverio de sus madres.

Organismos de derechos humanos, víctimas y querellantes, realizaron una presentación al “Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias” y al “Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de Naciones Unidas, solicitándoles que intervengan frente a esta situación. En el escrito advirtieron  que “existe un alto riesgo de que en el corto plazo se hagan modificaciones sustanciales en Campo de Mayo, poniendo en serio riesgo los derechos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, en violación de las obligaciones internacionales en la materia asumidas por el Estado Argentino”.

Por lo tanto, solicitaron que  “tengan a bien adoptar medidas, con el alcance de sus respectivos mandatos, para prevenir que tales violaciones ocurran y garantizar los derechos de las víctimas”.

Por último, advirtieron sobre la falta de participación y consulta a las víctimas y a la sociedad civil en las medidas que se vienen llevando adelante con respecto al lugar de memoria e investigación que constituye Campo de Mayo, violando uno de los pilares básicos del derecho internacional en la materia.

Cabe tener presente que hubo un antecedente  durante el Gobierno de Carlos Menem  cuando también a través de un decreto se dispuso la demolición de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para convertirlo en un espacio verde. Sin embargo, los jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hicieron lugar a un recurso de amparo presentado por familiares de desaparecidos, Laura Bonaparte de Bruschtein y Graciela Palacio de Lois, al que también adhirieron otros referentes de Derechos Humanos.

En ese caso la Justicia consideró que  el decreto se contraponía al interés de toda una sociedad y constituía un ejercicio irrazonable de facultades privativas del Poder Ejecutivo. Asimismo, argumentaron que los actos de la administración pública dictados en ejercicio de facultades discrecionales estaban sujetos a la revisión judicial y no podían ser arbitrarios ni irracionales.

Accedé al decreto 1056/2018. 

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