• sábado 24 de agosto del 2019
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Confirmaron el rechazo de una demanda contra la Corte Suprema para que ponga en marcha el ingreso democrático al Poder Judicial

La había iniciado un abogado con intenciones de acceder a trabajar a la Justicia.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Do Pico, Heiland y Fascio, confirmó el rechazo de la demanda colectiva de Iván Romero Verdún, un abogado aspirante a ingresar al Poder Judicial que solicitaba una condena a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a reglamentar la ley 26.861 y, de esa forma, permita el funcionamiento del procedimiento que dispone exámenes y sorteo para el ingreso de empleados a la Justicia.

La demanda se basa en que, tras cinco años de vigencia de la ley, la Corte no la reglamentó debidamente y ello constituye una omisión inconstitucional. La causa se inició ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, quien consideró que el Romero Verdún no cuenta con legitimación para promover un proceso colectivo y, de este modo, rechazó la acción sin más trámite. 

El demandante no se conformó con ello y apeló ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. 

Ahora, sin entrar en el punto referido a la legitimación de Romero Verdún, la Sala I de ese tribunal consideró que los actos emanados del Poder Judicial no son pasibles de ser cuestionados por la acción de amparo, en los términos del artículo 2 de la ley 16.986.

La interpretación de los camaristas ya causó sus suspicacias dado que la jurisprudencia usual es que solo los actos jurisdiccionales del Poder Judicial no son suceptibles de la acción de amparo pero sí, a diferencia, los actos administrativos o reglamentarios de tal departamento estatal, como es en este caso, la puesta en marcha de un mecanismo de ingreso de empleados. 

Romero Verdún, por su parte, viene llevando adelante una tarea destinada al cumplimiento de las normas de ingreso de empleados judiciales también ante el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma donde tuvo un reciente pronunciamiento favorable. Por ello, afirmó que seguirá el caso nacional hasta el final y recurrirá ante la Corte Suprema esta decisión adversa de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. 

La Ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, sancionada por el Congreso en 2013, lleva más de cinco años de vigencia sin ser reglamentada por el máximo tribunal y, consecuentemente, no se ha puesto en marcha el mecanismo de selección de personal para la Justicia que allí se estableció.

Fallo de Cámara

Fallo de Primera Instancia 

Demanda 

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