• viernes 16 de noviembre del 2018
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Definen que la inhabilitación de empresarios para contratar con el Estado no se extiende a las personas jurídicas que integran

Así lo estableció la Procuración Del Tesoro de la Nación ante un planteo por los procesamientos de Aldo Benito Roggio y Tito Biagini.

La Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por el Procurador Bernardo Saravia Frias, se pronunció en un dictamen sobre la relación que existe entre el procesamiento de una persona humana y la extensión o no de la inhabilitación para contratar hacia la persona jurídica que integra. No obstante, distinguió ambas personalidades y consideró que no se prolonga.

La definición se dio en el marco de un planteo realizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda  con motivo de las empresas Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima y José Cartellone Construcciones Civiles Sociedad Anónima, debido a los procesamientos de los señores Aldo Benito Roggio y Tito Biagini, por encontrarlos prima facie partícipes penalmente responsables del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, dispuestos el 8 de mayo de 2018.

En ese contexto, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa Cartera Ministerial emitió una opinión jurídica basándose en lo estipulado por el artículo 28 del Decreto N° 1023/012 del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública, que prevé que están inhabilitadas para contratar con el Estado “las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción”.

En consecuencia, concluyeron que las inhabilitaciones allí individualizadas resultan de aplicación extensiva a las firmas, debido a que interpretar lo contrario tendría como resultado “avalar un modo de sortear la inhabilidad prevista en el citado precepto legal”.

No obstante, se configuró una discrepancia jurídica con respecto al criterio de la Comisión Evaluadora del Procedimiento, la cual sostuvo que el texto de la norma mencionada se refiere a las personas humanas y “no contiene atisbo alguno de querer alcanzar a las personas jurídicas, de modo que limitar un derecho a través de una interpretación extensiva atenta contra el art. 14 de la Constitución Nacional”.

Finalmente, luego de una explicación sobre la normativa jurídica aplicable al caso, la Procuración General del Tesoro consideró que “cuando la letra de la ley no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente”,  sin hacer consideraciones que excedan lo contemplado en la norma.

Por lo tanto, argumentó que no puede hacerse una aplicación extensiva debido a que “no cabe al intérprete hacer decir a la ley lo que no dice ni obtener de ella conclusiones diversas a las que consagra”.

Accedé al dictamen.

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