• martes 23 de abril del 2019
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La Corte IDH condenó a Guatemala por violar el derecho a la salud de personas con VIH

Se trata de la primera vez que se establece la responsabilidad de un Estado por la violación al principio de progresividad debido a que incumplió con su obligación de desarrollo progresivo del derecho a la salud.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado  de Guatemala por violar los derechos a la salud, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y la protección judicial de varias personas que viven o vivieron con el VIH.  Se trata de la primera vez que se establece la responsabilidad de un Estado por la violación al principio de progresividad, dado que Guatemala incumplió con su obligación de desarrollo progresivo del derecho a la salud.

La sentencia se dio en el marco de una causa donde 34 personas que vivían con VIH contrajeron enfermedades frecuentes pero que ante su estado de debilidad agravaron más su situación y no tenían los recursos para recibir el tratamiento necesario. En ese sentido, la Corte consideró que el Estado guatemalteco incumplió con su deber de otorgar un tratamiento médico adecuado a las víctimas, lo que derivó en que muchas de ellas fallecieran.

De igual forma, el Tribunal concluyó que la inacción estatal en materia de protección a la salud de la población que vive con VIH en Guatemala, ocurrida con anterioridad al año 2004, constituyó una violación del principio de progresividad previsto en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Además, argumentó  que la obligación de realización progresiva de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) prohíbe la inactividad del Estado en su tarea de implementar acciones para la efectiva protección de estos derechos, sobre todo en aquellas materias donde la ausencia total de protección estatal coloca a las personas ante la inminencia de sufrir un daño a su vida o a su integridad personal, tal y como había sucedido en este caso.

También, el Estado violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de 13 de las víctimas, toda vez que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala incumplió con su deber de motivar adecuadamente una sentencia y vulneró la garantía del plazo razonable,  lo que derivó en la presentación de una acción de amparo.

En consecuencia, la Corte ordenó varias medidas de reparación: que el Estado garantice un tratamiento médico gratuito a las víctimas y sus familiares, que implemente mecanismos para mejorar las prestaciones de salud para personas que viven con VIH en Guatemala, que realice de una campaña nacional de concientización y sensibilización, y la indemnización por concepto de daño material e inmaterial para las víctimas y sus familiares. Además, se ordenó al Estado el pago de gastos y costas, así como el reintegro de los gastos del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

Accedé a la sentencia de la Corte IDH.

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