• viernes 16 de noviembre del 2018
logo
add image

Desigualdad laboral: los grises del proyecto oficialista sobre equidad de género

Los cambios de la propuesta resultan insuficientes, algunos aspectos son regresivos y la técnica legislativa presta a confusiones.

A partir de la visibilización de la desigualdad laboral por razones de género y el reclamo correspondiente hecho por el colectivo de las mujeres organizadas, el Presidente de la Nación, al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, anunció un proyecto de igualdad salarial. Aunque en esa exposición Mauricio Macri no realizó un diagnóstico sobre la problemática ni dio mayores precisiones acerca de la iniciativa, la misma ingresó a la Cámara de Diputados pocos días después. Luego de meses de parálisis, el proyecto comenzó a debatirse en comisiones.

En los considerandos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, se mencionan las disposiciones de la ley de contrato de trabajo (LCT), la ley antidiscriminación, los convenios de la OIT, los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la Constitución y hasta la jurisprudencia del caso “Fundación de Mujeres en Igualdad y otro c/ Freddo S.A.” que condenó a la heladería a incorporar sólo a mujeres hasta equilibrar la nómina de empleados. Admite que pese a los avances “la equidad de género laboral no se ha verificado en la realidad cotidiana del trabajo” y por eso amerita la sanción de una nueva ley, hecho que se saluda y acompaña, aunque debió hacerse también una autocrítica de las deudas pendiente del Estado que podrían mejorarse con el ordenamiento vigente.

Para lograr la equidad de género, se proponen una serie de modificaciones a la LCT que dan la sensación de un trabajo a medio hacer, o a un cúmulo de buenas intenciones sin herramientas de viabilidad práctica.

Al comienzo propone una modificación de los artículos 172 y 173 de la LCT para garantizar la equidad de género en el trabajo y la igualdad salarial en caso de igual tarea. A pesar de que lo que abunda no daña, estas definiciones ya están estipuladas en instrumentos de mayor jerarquía. El problema era que no se lograba darle operatividad, problema que estos cambios no resuelven. Nada propone tampoco sobre la igualdad de remuneración por tareas de igual valor como insta la OIT a realizar a los países que ratificaron el convenio 100.

Por otro lado, modifica el régimen de licencias con algunos puntos cuestionables y arrojando un resultado sumamente insuficiente ante la problemática que se busca atacar. La segregación horizontal del mercado laboral (la dificultad de las mujeres de acceder a determinados empleos) se empieza a combatir igualando la licencia de paternidad a la de maternidad post parto, o bien facultando a que en el seno de la pareja se escoja qué progenitor gozará de la licencia. Limitarse a aumentar la licencia por paternidad de dos a quince días es un avance ínfimo (la licencia por maternidad se mantiene en noventa días aunque la OIT recomienda un mínimo de catorce semanas y alienta a que se extienda a dieciocho semanas).

Un aspecto positivo es que la ley habla de progenitor gestante y no gestante atendiendo a la realidad de parejas de mujeres. También incorpora la licencia por adopción, aunque por un plazo de quince días que es harto evidente no alcanza para todo lo que conlleva material, emocional y psicológicamente ese proceso; y otra por violencia de género. A su vez se suma una licencia para someterse a técnicas y procedimientos de reproducción asistida, pero sólo de cinco días la cual también es claramente insuficiente para afrontar ese tratamiento.

Hay también una modificación de lo que se conoce como “estado de excedencia” que presta a confusiones. Hasta ahora, y lo cual es una obviedad, una mujer que tiene un hijo, vencida la licencia, puede continuar en su trabajo en las mismas condiciones que lo hacía antes. Ahora se propone la siguiente redacción: “reincorporarse a su puesto en las mismas condiciones que lo venía haciendo o reintegrarse en otro cargo o empleo de igual categoría con una reducción de la jornada normal de trabajo y en la misma proporción de su remuneración, en ambos casos, de común acuerdo con su empleador y por un plazo no superior a los SEIS (6) meses”. Por cómo está redactado, parece que el empleador debe prestar acuerdo para que la mujer se reincorpore, hecho inadmisible y regresivo que pareciera obedecer a una deficiente técnica legislativa. Además, la posibilidad de una reducción de la jornada laboral por seis meses como máximo, aun aceptando una reducción proporcional del salario, debiera ser facultativo exclusivamente de la mujer y no condicionado al acuerdo del empleador.

Se propone un artículo 198 bis que tiene la misma dificultad que el anterior: se innova con la posibilidad de que aquellos progenitores  que tengan a su cargo niños de hasta cuatro años, puedan acordar una jornada reducida cobrando el salario proporcional. Esto debería ser una facultad exclusiva del trabajador y no quedar sujeto al acuerdo del empleador.

Por último, se incorpora una licencia por “razones particulares planificadas” de treinta días corridos sin goce de haberes ni cómputo para la antigüedad. Atendiendo a malas prácticas de empleadores que existieron y existe, esta iniciativa puede devenir en un mecanismo de flexibilización obligando a un trabajador a tomarse forzosamente esa licencia viendo perjudicado el pago de su aguinaldo y los aportes y contribuciones que debe hacer el empleador.

Como alternativa a esta propuesta, una serie de diputadas y diputados de la oposición entre las que se destacan Vanesa Siley (Frente para la Victoria), Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria) y María Carolina Moisés (Bloque Justicialista) presentaron un proyecto donde comparte los cambios del proyecto oficialista en materia de licencias, aunque quizá con mayor amplitud, pero con la gran diferencia de aquí prohíbe trabajar por treinta días previos al parto y noventa días posteriores al progenitor gestante, prohíbe trabajar por treinta días post parto al progenitor no gestante, y finalizados los plazos de prohibición, los progenitores deben elegir cuál de los dos hace uso de una licencia por noventa días. Plazos similares se estipulan para casos de adopción. Esta propuesta también da mayores protecciones a las mujeres y estipula penalidades en caso de incumplimiento. 

En suma, este proyecto redunda en disposiciones ya establecidas en instrumentos de mayor jerarquía sin aportar ninguna novedad que pueda darle más operatividad (como fuera la aplicación de penalidades en caso de incumplimiento), no brinda ninguna herramienta para atacar la discriminación salarial por segregación laboral (tanto horizontal como vertical), tiene pequeños cambios completamente insuficientes, algunos aspectos regresivos, y una técnica legislativa sumamente deficiente que presta a confusiones.

Por Matías Poltorak

footer
Top