• miércoles 21 de octubre del 2020
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Confirman la inconstitucionalidad del enjuiciamiento de magistrados por regular honorarios por debajo del mínimo

Lo hizo la Suprema Corte de Buenos Aires en el marco del pedido de destitución de dos camaristas platenses formulado por el Colegio de Abogados provincial. La decisión también alcanzó a la prohibición absoluta de violar los mínimos establecidos en la ley

La causa tuvo origen en la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Provincia contra los jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Jaime López Muro y Ricardo Sosa Aubone.

Los magistrados se habían expedido en 2018 en el marco de un juicio de divorcio, declarando la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 16 la ley de honorarios, en tanto dispone que el juez que no respete los mínimos previstos incurrirá en causal de remoción, en los términos de la ley de enjuiciamiento.

Luego de que el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desestimara la presentación y dispusiera el archivo de las actuaciones, el Colegio interpuso recurso extraordinario de inconstitucionalidad y reprochó el procedimiento seguido por ese cuerpo para resolver la denuncia formulada.

La Suprema Corte local estimó que la resolución del planteo dependía, en definitiva, de la solución que se diera al pedido de remoción de los camaristas, por lo que consideró procedente analizar el pronunciamiento de estos últimos en relación a la validez del citado artículo 16, previo a expedirse sobre el remedio extraordinario.

En este sentido, el Tribunal destacó en primer término que la norma despoja a los jueces de la facultad de ponderar las circunstancias del caso que pueden incidir en la fijación de los honorarios, y les impone la aplicación automática de sus pautas, incluso en situaciones excepcionales en las que se viola los principios de razonabilidad, equidad y proporcionalidad, al regular estipendios injustificadamente elevados

Además, tachó de inconstitucional el último párrafo, en cuanto dispone con criterio de automaticidad, que la regulación que viole las pautas fijadas "hará incurrir al juez en falta en los términos del artículo 21 de la Ley N° 13.661", considerando que la disposición excede las atribuciones normativas de la Legislatura y compromete la independencia de los jueces, colocándolos en la disyuntiva de convalidar retribuciones desproporcionadas para mantenerse indemnes o morigerarlas y exponerse a un procedimiento de remoción.

En este sentido, destacó que los jueces, al gozar de independencia y garantía de inamovilidad, únicamente pueden ser removidos de sus cargos en situaciones extremas, por razones verdaderamente graves de mala conducta o incompetencia, y no por el desacierto de sus decisiones o porque hayan sido revocadas en una apelación o revisión por un tribunal superior.

Finalmente consideró que, declarada la inconstitucionalidad de la norma, el proceso de remoción se tornó improcedente, por lo que no correspondía expedirse sobre los agravios del recurso extraordinario.

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