• miércoles 21 de octubre del 2020
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La Defensoría General de la Nación propuso modificaciones al Código Penal en materia de género

Entre los principales cambios propuestos, se encuentra la inclusión de una legítima defensa privilegiada en casos de violencia de género, la reducción de la escala penal en delitos de infanticidio y la incorporación de enfoques de género en el ordenamiento legal y las prácticas judiciales.

La Comisión sobre Temáticas de Género perteneciente a la Defensoría General de la Nación emitió un informe dirigido a las Comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación con un desarrollo detallado de la violencia que sufren día tras día las mujeres y el colectivo LGBTQI+. A raíz de esto, propone cambios en tipos penales como la legítima defensa, la atenuación de la escala penal en casos de muerte de hijos/as recién nacidos/as y las reglas de prueba de investigación de delitos sexuales, entre otras modificaciones.

Aseguran en el informe que lo que se persigue es subsanar la persistencia de sesgos de género en la redacción y aplicación de normas penales de orden federal y nacional, sosteniendo que el mayor problema estriba en el hecho de haber configurado e interpretado las normas sin considerar seriamente las experiencias y voces de las mujeres, los colectivos de la diversidad sexual y otros grupos excluidos.

Principalmente, lo que proponen es la adopción de un criterio de interpretación especial, como uno de los principios generales del Código Penal, “a fin de que las y los jueces y operadores judiciales tomen en consideración la histórica situación de vulnerabilidad de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+ y del impacto diferenciado que tiene su aplicación para ellas y para la diversidad”.

Respecto de figuras penales particulares, consideran necesario introducir en el artículo 34 inciso 2 del C.P. el contexto coactivo en el que se desenvuelven las mujeres y las personas del LGBTI como causal específica de justificación del ilícito y eximición de la pena, de manera de superar las interpretaciones androcéntricas que generalmente, conducen a la criminalización de esas personas, por no valorar los jueces el entorno de violencia en su conjunto y solo atenerse a lo que la norma establece de manera neutral.

Organismos internacionales, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen dicho que las normas, aunque parezcan neutrales en su formulación, pueden resultar discriminatorias en su aplicación sobre un determinado colectivo, debido a la falta de interpretación del contexto de violencia en el que se encuentran inmiscuido.

Por otra parte, haciendo referencia a la muerte de hijos/as recién nacidos/as entienden que resulta imperioso que se propicie una solución legislativa, parecida a la de infanticidio, que tenga en cuenta los factores personales, sociales, estructurales y culturales que inciden en la decisión de la madre de terminar con la vida del hijo o la hija. Estiman injusto que la pena para esas personas que viven en un contexto complejo y extrema vulnerabilidad y/o violencia, sea la de homicidio agravado por el vínculo, la que conlleva a prisión perpetua.

Asimismo, se realiza una crítica a la ley 24.270, norma que tipificó el delito de impedimento de contacto, en tanto consideran que no ha sido útil para alcanzar su objetivo –esto es, la salvaguarda de contacto entre niños, niñas y adolescentes con sus progenitores-, motivo por el cual solicitan su derogación.

Por último, aunque no por ello menos importante, cabe destacar la temática que gira en torno a las reglas de prueba para la investigación de delitos sexuales y su vinculación con el concepto de consentimiento y sus límites.

Ello así, para evitar que se filtren mitos, prejuicios y estereotipos sobre las mujeres en la valoración de la prueba del consentimiento de la víctima, se consideró necesario restringir la incorporación de cualquier tipo de evidencia referida a la historia sexual de la víctima con el agresor o con terceros. Además se recomienda que en ningún caso se dispongan medidas recíprocas o a cargo de las víctimas o que restrinjan sus derechos.

 

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