• domingo 27 de septiembre del 2020
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“Cullen, Joaquín M. c. Llerena, Baldomero”, entre el caso judicial y los actos políticos de los poderes federales

Cumple 127 años uno de los fallos clásicos de la jurisprudencia nacional en el que se buscó que el Máximo Tribunal de Justicia resolviera sobre la constitucionalidad o no de la intervención que se había dictado sobre la provincia de Santa Fe.

El fallo “Cullen” sin dudas es uno de los fallos “obligados” que todo alumno lee en su primer o segundo año facultativo y que a pesar de su longevidad nos introduce en tema eminentemente constitucionales como lo son la intervención de las provincias por parte de los poderes nacionales y la configuración del caso. Además da un concepto sobre lo que se denomina política no justiciable, concepto que igualmente en este último tiempo ha ido sufriendo modificaciones.

Pero junto con lo dicho, el precedente traído aquí también tiene relevancia a través del voto minoritario que comenzará a buscar nuevos horizontes sobre lo que debe entenderse por política no justiciable.

Como veremos a continuación los hechos surgen a raíz de la toma del gobierno provincial de Santa Fe, provisionalmente, por la revolución iniciada el treinta de julio de 1893 por la Unión Cívica Radical ante los gobiernos conservadores. En dichos levantamientos, los radicales toman el gobierno provincial y proclaman a Mariano Candioti gobernador de Santa Fe el 4 de agosto hasta el 22 de agosto que es intervenida por el gobierno federal a través de su interventor Baldomero Llerena.

El voto de la Mayoría

En los hechos del caso el apoderado del gobernador provisorio de la provincia de Santa Fe, Joaquín M. Cullen, que fuera nombrado por la revolución que derrocó -el treinta de julio de 1893- el Gobierno establecido, inició demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la persona que lo depuso invocando una ley de intervención federal. Cullen se presenta ante la justicia calificando dicha ley de inconstitucional por haber sido sancionada violando el procedimiento previsto en la Constitución a tal efecto.

La Corte por mayoría esgrimiría una postura restrictiva, indicando que los actos de los Poderes Públicos de la Nación disponiendo la intervención en las Provincias no fundan un caso judicial ya que son actos de política no justiciable.

Sostuvo que cada uno de los tres altos poderes que forman el Gobierno de la Nación aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente, razón por la cual no compete a la Suprema Corte examinar -con relación, en el caso, a la pretendida inconstitucionalidad de una ley de intervención federal- la interpretación y aplicación que las Cámaras del Congreso han dado al artículo sesenta y uno de la Constitución.

Por tanto el voto de mayoría estableció que la intervención nacional en las provincias, en los casos en que la Constitución lo permite o prescribe, es un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la Nación y, por ende, sus decisiones al respecto no pueden ser controvertidas por el departamento judicial.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, declaró que carecía de jurisdicción para entender en la demanda afirmando que: Los actos políticos de los poderes políticos de la nación, disponiendo su intervención en las provincias, no fundan un caso judicial”.

El voto del ministro Varela

Contrario a la mayoría, Varela sentó su disidencia indicando que: "Las cuestiones políticas son sólo cuestiones de soberanía y, si bien la Constitución no ha dado al poder judicial la facultad de dirimir conflictos entre el Gobierno Nacional y los gobiernos de Provincia, tampoco puede pretenderse que la Constitución ha impuesto a éstas el deber de acatar, sin recurso, las medidas políticas del Gobierno Federal que sean contrarias a la Constitución".

Las funciones políticas privativas de los departamentos políticos del Estado no son susceptibles de un juicio ante los tribunales, cuando el ejercicio de esas funciones no ha puesto la ley o el acto ejecutado en conflicto con la Constitución misma; pero cuando una ley o un acto del Poder Ejecutivo estén en conflicto con las disposiciones, derechos y garantías que la Constitución consagra, siempre surge un caso judicial, que puede ser llevado ante los tribunales por la parte agraviada.

Sostendrá que si se pretende la invalidez constitucional de una ley de intervención federal por inexistente, por no haber sido sancionada con los requisitos constitucionales, la Corte no puede rechazar de plano la acción fundada en que se trata de una cuestión política, pues resolver si tal acto tienen o no el carácter de ley es una atribución eminentemente judicial y no política y, por tanto, ella corresponde a los tribunales federales.

El caso de Santiago del Estero

Muchísimo más acá en el tiempo, en el año 2004, la Corte Suprema de Justicia suspendió los comicios constituyentes en Santiago del Estero, que habían sido convocados por los representantes de la intervención federal.

Con el voto unánime de sus siete miembros, la Corte hizo lugar a una medida cautelar presentada por el senador nacional José Luis Zavalía (UCR), quien sostuvo que el interventor Pablo Lanusse no tenía facultades para convocar a una elección constituyente.

La Corte resolvió hacer lugar a la medida cautelar "hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso", que resolvería si la intervención tenía o no facultades para convocar a una constituyente, cosa que no terminó ocurriendo porque no se continuó con el proceso y se acató la medida cautelar.

Aunque vale recordar lo dicho por el asesor en Asuntos constitucionales de la Intervención, Daniel Sabsay, quién había afirmado que el fallo lo "sorprendió muchísimo, si bien sabía que era una posibilidad esto deja de lado toda una jurisprudencia de años en el país".

Como puede verse, el concepto de política no justiciable ha ido modificándose con el paso del tiempo y ya no es una postura tan rígida.

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