• martes 29 de septiembre del 2020
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La Cámara del Trabajo confirmó la constitucionalidad de las Comisiones Médicas en riesgos del trabajo

Así lo decidió la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El 27 de Julio de 2020 con una sentencia dividida en sus votos, la Sala VII de la Cámara del trabajo resolvió dos cuestiones que desde el año 2017 –fecha de entrada en vigencia de la ley 27.348- ha tenido pronunciamientos dispares a lo largo de la jurisprudencia tanto nacional como provincial. Ambas cuestiones han sido discutidas desde la creación de dichos órganos administrativos a través de la ley 24.241 de 1993.

La primera de las cuestiones radica en la obligatoriedad que tiene todo trabajador/a enfermo/a o accidentado/a, de transitar por las Comisiones Médicas (órganos administrativos con facultades jurisdiccionales) en forma previa y excluyente (art. 1 ley 27.348) de la intervención de la justicia. Por otro lado, se discute si la intervención de la justicia debe ser en grado de apelación sobre lo decidido por la Comisiones Médicas, o cumplido el paso obligatorio por esta, se accede en forma plena y en juicio ordinario.

El trabajador en el caso tratado había acreditado el cumplimiento por el paso previo de las Comisiones Médicas y recurría a la justicia solicitando su intervención plena y en instancia originaria, peticionando se declare la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348, entro otros.

Tanto el juez a cargo del Juzgado Nº 78 como la mayoría adoptada en la sentencia de la Cámara, votos de los jueces Carambia y Catard, declararon la constitucionalidad de la ley por diversos criterios. Entre ellos se encuentran:

·  La vigencia de la ley al momento de iniciar la acción: (relegando el momento del accidente o primera manifestación de la enfermedad) ya que la Ley regula un aspecto procesal y ello afecta la acción o la condición de su ejercicio. Sostiene el juez Calandrino que las normas procesales son de orden público y por ello deben aplicarse en forma inmediata.

· La obligatoriedad del paso previo y excluyente por las CCMM: dicho proceso previo fue adoptado mediante la L. 24.241 y solo después de haber cumplido allí el trámite, el trabajador podrá interponer recurso ante la justicia y acceder a ella.

· La razonabilidad como parámetro de la declaración de inconstitucionalidad: el magistrado entiende que para que la norma 27.348 (art. 1) sea declarado inconstitucional debe ser arbitrario (por ser contrario a razonable) y que ello se desprender de la interpretación del art. 28 de la C.N. A su vez, la adopción por ley de una instancia administrativa previa, no es irrazonable en si misma.

· Los extremos del proceso ante las CCMM: el juez tiene en consideración la obligatoriedad de representación letrada del trabajador, y la resolución a cargo de secretarios técnicos letrados en tiempo determinado. Encontrándose dichas garantías, el paso por la instancia administrativa sería un requisito formal más de la demanda. 

· Convalidación jurisprudencial de las facultades jurisdiccionales de órganos administrativos: considera para sostener la constitucionalidad de dichos órganos la convalidación de la Corte Suprema en “Fernández Arias c/ Poggio” y “Ángel Estrada” respecto a la creación de órganos jurisdiccionales cuando se respete el control judicial suficiente.

· Proceso recursivo amplio y suficiente: La jueza Carambia expone que no existe agravio suficiente sobre la intervención del Poder Judicial en grado de apelación de decisiones adoptas por las CCMM, debido que la Cámara del Trabajo reguló mediante Acta 2669/2018 que en los recursos se podrán peticionar nuevamente pruebas denegadas en la instancia administrativa, aquellas que hayan sido mal producidas, o podrán adoptarse medidas para mejor proveer.

Por su parte, el juez Rodríguez Brunengo se inclinó por la inconstitucionalidad tanto del art. 1 de la ley sobre la obligatoriedad del paso por CCMM como del acceso a la justicia solo en instancia de apelación de lo resuelto por ella. Algunos de sus fundamentos son:

· El trámite ante CCMM no brinda las garantías del debido proceso (art. 18 C.N): considera el camarista que no se cumplen los principios del debido proceso por no poder ofrecer nuevas pruebas ni replantear los hechos ocurridos, solamente se puede discutir lo ocurrido en la CCMM.

·  Retraso del acceso a la justicia: al acceso rápido que debería tener el trabajador a los órganos judiciales es retardado por el trámite que obligadamente debe transitar en la CCMM. A su vez, las decisiones sobre los parámetros para determinar si un accidente o enfermedad tiene origen en el trabajo, y si existe nexo de causalidad es relegado a la decisión de médicos, violentando el principio de juez natural que es quien debe decidir dichas cuestiones en virtud de los hechos y el derecho invocado por las partes. Si bien los médicos son capaces para determinar la incapacidad de una lesión o de una enfermedad no están preparados ni formados para determinar cuestiones jurídicas, ni siquiera con la intervención del técnico letrado quienes no revisten los requisitos para ser magistrados.

· Violación del principio Republicano: dicha violación encuentra anclaje al analizarse el art. 116 de la C.N donde encontramos al Poder Ejecutivo, cumpliendo funciones del Poder Judicial en contraposición con el principio de juez natural. Cita en este punto jurisprudencia de la C.I.D.H “Lori Berenson Mejía vs Perú; los principios pro homine y de progresividad.

· Intervención de órganos administrativos con facultades jurisdiccionales: en el mismo punto que sus colegas preopinantes esboza para explicar su fundamento de rechazo el precedente “Ángel Estrada” citando a la Corte Suprema diciendo que no cualquier causa puede ser resuelta por este tipo de órganos con el fundamento de tener luego un control judicial suficiente. Deben ser razonables los fundamentos para la creación de dichos órganos en determinadas materias ya que de lo contrario encontraríamos nuevamente la puja del art. 116 de la Constitución Nacional.

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