• martes 29 de septiembre del 2020
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El futuro de las Aplicaciones de Delivery tras su regulación en Ciudad de Buenos Aires

Un análisis de la legislación sobre la actividad en el ámbito porteño.

Por Lucio A. Vallefín(*)

El pasado mes de Julio la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo una sesión que, a su medida, supuso un paso muy importante para distintas temáticas que atraviesan a toda la nación, aprobándose por amplia mayoría el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo en el ámbito de la CABA y una ley que regula la actividad de las Aplicaciones de Delivery en la ciudad. Esta última, que se presentó como una reforma al Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad, resulta muy relevante desde un punto de vista laboral, ya que marca una postura en cuanto a estos empleos que puede tener fuertes impactos en una futura normativa nacional.

Un gran debate al hablar de las aplicaciones de delivery refiere a la posible existencia de relación de trabajo en dependencia entre la empresa de reparto y quienes realizan el envío. Mientras les repartidores sostienen mayoritariamente el carácter laboral de su actividad –rechazando fuertemente esta nueva ley[1]-, las empresas han expresado en reiteradas oportunidades que este vínculo supone una colaboración entre iguales[2]. La ley aprobada en la CABA impacta en esta discusión, ya que, sin negar de manera directa la existencia de relación laboral, presenta a las empresas como meras intermediarias en un circuito que les resulta ajeno (en el que interactúan quienes fabrican o elaboran el producto, quienes lo entregan y les consumidores), definiéndolas como “Operador de plataforma digital de oferta y demanda por terceros: persona humana o jurídica que opera y/o administra una plataforma digital a través de la cual terceros ofertan y demandan el servicio”.

Al sostener esto, la ley considera que les repartidores desarrollan su actividad de manera independiente, exigiendo por ello la inscripción a un sistema de registro obligatorio no laboral, denominado “Registro Único de Transporte de Mensajería Urbana y/o Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias” –RUTRAMUR-. Esta registración debe ser complementada con la presentación de la documentación vehicular típica (Cédula, Verificación Técnica Obligatoria y Libreta Sanitaria en caso de transportar alimentos), la inexistencia de sanciones de tránsito, la realización de cursos de seguridad vial y la correspondiente inscripción a AFIP y AGIP- lo cual legitima el uso del monotributo en el que se apoyan estos empleos, siendo su uso en este tipo de casos acusado habitualmente como un mecanismo para encubrir fraudes laborales conforme artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo-, pudiendo ser pasibles de una serie de multas en caso de incumplimiento de estas obligaciones.

A pesar de lo dicho, la Ley no descarta rotundamente la existencia de un vínculo entre les repartidores y las empresas, presentando a estas como controlantes de las obligaciones que recaen sobre quienes reparten (además de encontrarse también obligadas a registrarse para su actividad intermediaria y a inscribirse en los regímenes impositivos nacionales y locales), pudiendo ser multadas en caso de inobservancia. A su vez, la norma reconoce la ya extendida práctica de puntajes que rodea a estas aplicaciones y los posibles abusos que la aplicación puede ejercer sobre les repartidores por medio de este sistema, impidiendo la aplicación de incentivos o sanciones que fomenten exceso de velocidad o incumplimiento de normas de tránsito.

En ese sentido, la ley atribuye a las aplicaciones de reparto múltiples obligaciones vinculada a la seguridad de les trabajadores en el empleo. Se establece por un lado que la empresa debe proporcionar a les repartidores elementos básicos de seguridad vial (casco e indumentaria con bandas reflectoras), debiendo a su vez contratar los correspondientes seguros de vida, accidentes personales y responsabilidad civil. Un caso especial se genera por la exigencia de contratar una ART, ya que este tipo de seguros son esencialmente para quienes trabajan en relación de dependencia, por lo que el hecho de obligar a las empresas a contratarlos genera una situación que puede entenderse contradictoria, exigiéndoles un deber propio de un contrato de trabajo cuando la misma ley rechaza la existencia del mismo.  

Para concluir, hay que mencionar que el Gobierno Nacional ha expresado reiteradas veces su intención de regular legalmente esta actividad desde el Derecho del Trabajo[3], situación que se hace necesaria al ver que la ley sancionada por la CABA no reconoce aspectos muy relevantes como lo son el régimen de licencias, jornadas, los derechos de las trabajadoras y la extinción del vínculo laboral.

A pesar de ello, y aún cuando la nueva ley no pretendió establecer un marco que regule la actividad desde una perspectiva laboral (sino desde un marco de seguridad vial y recaudación fiscal), su indirecto rechazo a la existencia de la relación de dependencia supone un fuerte antecedente para una regulación nacional. A la vez, deja un escenario muy preparado para un futuro crecimiento de los juicios laborales por posibles inconstitucionalidades y múltiples discusiones sobre el carácter laboral de este tipo de vínculos –los cuales impiden la aplicación de derechos consagrados por la Ley de Contrato de Trabajo bajo el argumento de la “actualización tecnológica”, siendo fácil imaginar normas similares para Uber o Cabify, entre otros próximos casos-. El futuro del trabajo por aplicaciones está por verse, pero en la Ciudad se realizó una jugada que puede definir el partido.



(*) Abogado (UNLP). Adscripto en Cátedra III de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Becario en Centro de Investigación de Derecho Crítico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Mail: lucioavallefin@gmail.com

[2] Esta problemática fue abordada con más detalle en: ¿Inflando el “Glovo”?: Un análisis sobre los nuevos mecanismos de delivery y su abordaje en la jurisprudencia reciente. Revista Derechos En Acción, 9(9). https://doi.org/10.24215/25251678e225. Disponible en: https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/article/view/6407

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