• martes 11 de agosto del 2020
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El Presidente derogó el Decreto de intervención de Vicentín S.A.I.C.

La medida se publicó en el Suplemento del Boletín Oficial publicado en horas de la tarde.

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 636/20, publicado en el Suplemento del Boletín Oficial de hoy, derogó su similar N° 522/20 por el que se disponía la intervención transitoria de la sociedad Vicentin S.A.I.C. por el término de 60 días y se designaba como interventor a Roberto Gabriel Delgado.

En dicha norma, dictada el pasado 9 de junio, se establecía que en el plazo de la intervención se tenía previsto realizar un análisis integral de la situación de la empresa, evaluar las acciones necesarias para lograr su continuidad y presentar un proyecto de ley para declarar a la misma “de utilidad pública” y sujeta a expropiación.

La medida -según sus fundamentos- buscaba evitar una mayor disminución de los activos de la sociedad en perjuicio de los acreedores, proteger los puestos de trabajo, reactivar la producción, garantizar el recupero de las acreencias con el sector público y evitar los daños que ocasionaría para nuestro país que se profundice la concentración del mercado agroexportador.

Ahora bien, dentro de las consideraciones de la decisión tomada el día de hoy, se destaca que “en el tiempo que ha pasado desde el dictado del Decreto 522/20 no solo no se ha podido hacer efectiva la intervención dispuesta por cuestiones ajenas a la decisión del gobierno, sino que esto impidió también el acceso a la información necesaria para continuar con las medidas tendientes a rescatar la empresa, cuya situación comercial se ha visto deteriorada”.

Seguido a ello, se señala que ante la imposiblidad de seguir adelante con dicho propósito se estima oportuno “dejar sin efecto la decisión y concentrar la labor del Estado en la recuperación de los activos que están en riesgo”. A ello se agrega que el Estado seguirá colaborando con la justicia “para esclarecer las eventuales responsabilidades civiles, comerciales y penales de quienes han llevado al grupo empresario a esta situación”.

Accedé al DNU 636/20

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