• martes 11 de agosto del 2020
logo
add image

Las funciones de los y las integrantes del Consejo de Asesores para la reforma judicial

El Presidente de la Nación convocó a 11 integrantes especializados en el campo del Derecho que a su vez hayan demostrado su compromiso para la defensa del Estado de Derecho, con el fin de asesorar y dictaminar acerca de distintos ejes. Repasamos sus funciones.

En el anuncio de ayer, Alberto Fernández presentó el proyecto de ley de reforma de la justicia federal, con la finalidad de descentralizar el poder de los magistrados de Comodoro Py, a través de su fusión con el fuero Nacional Penal Económico, y el desdoblamiento de juzgados para conformar una Justicia Penal Federal de 46 asientos. También, el proyecto contempla la transferencia a CABA de la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, la unificación del fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo federal, y la creación de juzgados federales penales en las provincias, entre los principales ejes.

Por otra parte, en el acto celebrado en Casa Rosada, el Presidente estuvo acompañado por los miembros del Consejo Consultivo integrado por juristas especializados/as, a convocados a los fines de dictaminar en distintos aspectos de modificaciones estructurales judiciales. En ese sentido, mediante el Decreto 635/20, se creó en el ámbito de la Presidencia de la Nación el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Cabe destacar que los once miembros invitados realizarán tareas ad honorem, aunque se atenderá a los gastos de transporte y hospedaje, en caso de ser necesario. En la integración, se plasma la paridad de género (cinco mujeres y seis hombres), la diversidad funcional (magistrados/as, juristas, abogados/as liberales), el federalismo (oriundos/as de distintas regiones del país) y la especialidad en distintas áreas del Derecho (constitucionalistas, internacionalistas, penalistas, etc). 

El artículo segundo del decreto expresa la convocatoria de los juristas del Consejo: el magistrado Omar Palermo (Mendoza), y las magistradas Hilda Kogan (Buenos Aires), María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego), Claudia Sbdar (Tucumán), Inés Weinberg de Roca (CABA) -candidata por Mauricio Macri a la Procuración y especialista en Derecho Internacional-, los constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Gustavo Ferreyra, el abogado Carlos Beraldi, el abogado y ex juez Carlos Arslanián -magistrado del Juicio a las Juntas-, la especialista en Derecho de las Familias Marisa Herrera, y el catedrático y especialista en Derecho Penal, Enrique Bacigalupo

Conforme el texto firmado por el primer mandatario, el Consejo fue elegido por sus "sólidos antecedentes a nivel profesional y académico", como también "su trayectoria y compromiso con la defensa de los principios básicos que hacen a la vigencia del Estado de Derecho"

Por otra parte, su principal función será la de actuar como miembros consultivos presidenciales, con el fin de emitir un dictamen dentro de 90 días contados a partir del 18 de agosto, sobre distintos ejes temáticos puntuales:

1) Descripción funcional y valorativa acerca de los problemas de cuatro instituciones nacionales: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa

2) Análisis del funcionamiento de la Corte Suprema que incluya los aspectos acerca de la selección de sus integrantes, su competencia, el sistema de desistimación in limine, posibilidad de audiencias orales para sus casos y trámite de recursos y plazos procesales límites

3) Análisis del Consejo de la Magistratura que incluya la conveniencia o no de modificación de su estructura, su relación con el Máximo Tribunal, la posibilidad de modificación de los criterios de selección de concursos y los criterios de perspectiva de género y federal en la composición del cuerpo

4) Análisis del Ministerio Público que contemple la conveniencia de modificación de la selección de sus miembros y la posiblidad de que fuera temporario sus mandatos. Estudio acerca de si es conveniente la inclusión de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera a la órbita del Ministerio Público Fiscal, y la posibilidad de realizar convenios entre los Colegios Públicos y el Ministerio Público de la Defensa

5) Análisis sobre los criterios de efectividad acerca del juicio por jurados, para dar cumplimiento al mandato constitucional

6) El modo de finalizar el proceso de transferencia iniciado hace más de 20 años de competencia en materia penal no penal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dictamen se realizará por mayoría de la totalidad de sus miembros, en las que los consultos podrán incluir disidencias y recomendaciones particulares. Asimismo, deberán contemplar las iniciativas legislativas realizadas en los últimos diez años al Congreso Nacional, previo informe de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia.

Es importante destacar que el consejo de asesoras contará con el apoyo técnico de la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Justicia. A este último se le encomendará la selección del Secretario/a del Consejo, el cual cursará las comunicaciones y emitirá los actos de implementación que resulten necesarios.

Accedé al decreto.

footer
Top