• martes 11 de agosto del 2020
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Bases para un retorno ordenado y consensuado del Servicio de Justicia Nacional

¿Qué puede hacer la Justicia para volver inteligentemente a trabajar?

Por Hernán Mirasole (*)

I. Introducción

El mundo se halla inmerso en una trampa histórica. Nos encontramos frente a un hito universal generador de un cuadro de situación global, que a las claras excede los límites de nuestra Nación. Tan desconocidos resultan estos tiempos, que a nadie puede atribuírsele la titularidad absoluta de las soluciones precisas y omnímodas a aplicar en esta transición hacia la “nueva normalidad en la justicia”.

Dicho esto, no es menos cierto que el Poder Judicial, vector indispensable de la triada democrática no puede continuar sumergido  en una falsa dicotomía: “Apertura irresponsable vs. Cuarentena eterna”.

En consecuencia de estas dos proposiciones, solo puede derivarse lógicamente en una conclusión: debemos salir de la cuarentena en forma responsable y ordenada a los efectos de ir en procura de un renovado sistema capaz de juzgar la verdad histórica con la Ley en la mano.

En otros términos, y epistemológicamente, la puesta en crisis de todos de los pilares del Derecho, es decir, sus fuentes normativas, y su instrumentación e implementación resultan ser un método indispensable para lograr el objetivo precitado.

II. Los nuevos-viejos principios que deben regir "la nueva normalidad"

a) Pincipio de buena fe

Antes que nada el nuevo orden debe apoyarse en un principio paradójicamente basal y en extremo antiguo y muy conocido: "el de buena fe".

Todos los actos a partir de ahora, deberán estar robustecidos e impregnados de este principio, tal como en su momento lo planteara Guillermo Borda: "los jueces no deben atender estrictamente a las acepciones técnico-jurídicas de las palabras empleadas, sino a la voluntad de las partes".

Existen dos recaudos a considerar a la hora de hacer valer este principio rector: i) No caer fácil y distractoramente en el sentido común y ii) el Derecho penal en su máxima expresión, e incluso con unidades fiscales especializadas en la temática.

b) Intrumentación

El principio de buena tiene apoyatura legal y se cristaliza en nuestro plexo normativo como fuente material pero también formal del derecho.

Ahora bien, siguiendo a un doctrinario de fuste como Kelsen, un principio potente en el deber ser, tiene que tener su correlato en el ser. En otras palabras la validez de la buena fe como principio debe encontrar un punto de eficacia para encontrar un punto objetivo de sustento. Y esto es el derecho penal.

Aquel o aquella que franquee este principio, y más aún en este nuevo orden que lo exige de sobremanera,  y para no ahondar en los frutos de la utopía, debe encontrar su freno en el derecho penal.

En este orden será menester el trabajo del Ministerio Público Fiscal de la Nación a los efectos de instrumentar las medidas pertinentes, tales como la creación de Unidades Fiscales Especiales como así también la dotación de personal, estructuras e insumos para investigar muñida del Código penal, todos los flagelos que se subviertan en virtud del franqueo de este principio.

c) Principio de economía y celeridad procesal

Si bien este principio puede tornarse en un somero análisis, veremos que en la nueva normalidad adquiere una elocuencia inexorable, entendiendo que deben maximizarse todos sus extremos y variantes y subtipos.

Ejemplo de ello debe ser el de “Concentración”, mediante el cual y sin afectar garantías del debido proceso, deben acumularse la mayor cantidad de actividad procesal en la menor cantidad de actos posibles.

En otras palabras a través del mismo debe exigirse “la obtención del máximo resultado procesal con el mínimo esfuerzo”[1] como así también invocando el de “saneamiento” para encausar antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones de que adolezca, ordenando el Juzgado/ Tribunal interviniente a que se subsanen dentro del plazo que fije, y disponer de oficio toda diligencia que fuere necesaria para evitar nulidades.

d) Principio de inmediación

Citando a Hernán Folgueiro, “La operatividad de la regla de inmediación más que un principio vigente es una expresión de deseos de los juristas”[2]

Caracterizándolo, según Vélez Mariconde con cita de Framarino, puede afirmarse que: “El principio racional de inmediación (... ) exige que las pruebas lleguen al ánimo del juzgador ‘sin sufrir alteración alguna por influjo extraño a su naturaleza’, vale decir ,que los elementos de convicción lleguen directamente al espíritu del sujeto que en definitiva ha de valorarlos, de suerte que en su recepción no se interpongan otras personas que consciente o inconscientemente puedan turbar la natural eficiencia de tales elementos, y tergiversar así, la verdad de los hechos dando una base falsa a la justicia”.[3]

Sin desatender los amplios análisis y debates que circunscriben a este principio, debe revisarse no solo su consenso de razonabilidad (es decir, el equilibrio entre medios y resultados), sino además su modalidad de aplicación, entendiendo que la “presencia” o la “interacción personal” en la relación procesal “juzgador –persona juzgada” es absolutamente inexorable en cualquier tipo de proceso y fuero. No obstante es necesaria una reconversión y adecuación a los nuevos tiempos que vienen.

Este análisis mentado ut supra, pormenorizado, responsable y racional, en difícil tarea, debe garantizar la máxima vigencia del mismo con la menor cantidad de desplazamientos humanos posibles, sin que esto se transforme en un oxímoron.  

III. El proceso: medidas urgentes

a) Debe reducirse a la mitad la entrega de escritos en forma presencial

 i) Todos los escritos de mero trámite deben remitirse en forma virtual por sistema. Resulta improcedente que se entreguen en forma presencial, y aún más debe prohibirse al letrado/a interviniente adjuntarlo bajo esta última modalidad.

ii) Los oficios se deberán confeccionar y dejar a "confronte" virtualmente, el cual deberá devolverse por la misma vía y firmado digitalmente para luego también diligenciarse al organismo aludido por esa vía.

iii) Los escritos que requieran firma de "parte" se entregarán sin ella, y cada diez de estos se refrendarán con la firma holográfica "avalando" los nueve anteriores.

b) Audiencias a distancia

Exigir que las audiencias sean a distancia es menester de ahora hasta que tengamos una nueva "normalidad". Las identidades de los participantes y autoridades deberán apoyarse en el principio aludido ut supra, como así también.

Para el caso de que existan requeridos sin posibilidad de acceder a un mecanismo virtual, se deberán habilitar puestos en distintos organismos, incluidos los del Poder Ejecutivo, con la mayor desconcentración posible a efectos de evitar nuclear gente en un mismo lugar.

Así las cosas, comisarías, Centros comunales, dependencias del Poder Judicial, Bancos Nacionales y otros podrán ofrecer "oficinas virtuales de mediación", compuesta por un box y una computadora con acceso a internet, sumado a todas las verificaciones de contralor identitarios que sean menester exhibir para poder acreditar su personalidad.

c) Extensión del horario de atención

Dicho de un modo espasmódico, el título puede inducirnos al error y veremos por qué. Es menester comenzar por el principio: la normalidad que teníamos antes del comienzo de la pandemia no volverá a ser lo que era de ningún modo en esta etapa de transición y matizada en la “nueva normalidad”.

Hasta ahora, según se desprende de lo que tenemos contrastado empiricamente, el aislamiento social y la disminución de las interacciones presenciales entre las personas parecen ser las soluciones más efectivas para evitar contagios y muertes.

Este punto debe ser esclarecedor, hasta que no podamos partir de otra base más solida que permita mitigar la virulencia del COVID, debemos comprender introspectivamente que debemos generar una nueva "normalidad". De otro modo, el analisis que sigue no tendrá sentido.

Partiendo de esta primer premisa, podemos consensuar rápidamente entonces que el horario de atención al público de 6 horas - 5 veces por semana (7.30 a 13.30hs o 9 a 15hs dependiendo el fuero), es decir una atención de 30 horas al público (dejando a salvo que los trabajadores judiciales emplean más horas por día en sus labores, claro está).

Si damos por sentado, que los dos primeros puntos reducirían por lo menos (cuando no más) a la mitad las interacciones podríamos reducir a casi la mitad dicho horario, restandole dos horas y atendiendo de 7.30hs a 11.30hs

A ese universo de trámites/ interacciones personales entre abogados, clientes, empleados judiciales y funcionarios podremos ponerle X y asignarle un porcentaje: 100%.

Muy bien, existe una manera de reducir X al 50%, y lo llamaremos "Y": esto es abrir otra brecha horaria de 4 horas en el horario de 14:00 a 18:00hs.

A su vez podemos reducir nuevamente X con otra nueva brecha horaria, en este caso de 20.00 a 00.00hs, asignandole un valor de 33%

Asimismo se podra agregar otro tramo horario de 1.30 a 5.30 AM, al cual llamaremos W, reduciendo nuevamente la atención y asignandole un valor de 25%

Por último, se podrá agregar una nueva atención de 10hs los días sábados y domingos al cual llamaremos Z y tendrá un valor de 20%.

Si damos por sentado lo actuado se podrá inferir que la atención al público en un nuevo esquema de normalidad puede funcionar con solo un 10% de interacciones presenciales a lo q ue hoy estamos acostumbrados.

IV. Modificaciones edilicias y estructurales

Resulta palmaria la inmediata intervención (y no exclusivamente en este marco de pandemia) de todos los edificios en dónde se expele el servicio de justicia.

En este marco se deberan profundizar con especial ahinco y supervisión todas las medidas sanitizantes, como así también todas las medidas estructurales que permitan el adecuado distanciamiento social.

a) Medidas sanitizantes

En todo ambiente de transito común, como en los espacios de trabajo de cada oficina del Poder Judicial, se deberá ahondar y extremar todas las medidas de sanidad que estén al alcance factico al punto mismo de la saturación.

Asi las cosas, la provisión de elementos de higiente, de seguridad laboral, como así también la demarcación de distancias saludables en todo espacio físico de los edificios, será materia de intervención indelegable del Poder Judicial de la Nación.

Estas medidas deben estar homologadas por las autoridades sanitarias que a todo nivel confieran resultados esperables positivos, tanto en el orden internacional, vg la Organización Mundial de Salud, como a nivel local a través del Ministerio de Salud de la Nación.

Asimismo deberá conformarse un comité de salubridad en el Poder Judicial a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación el cual deberá estar integrado por profesionales con acreditadas calificaciones en materia de sanidad ambiental.

b) Su instrumentación

b.1. Pantallas separadoras

En todas las dependencias deberá existir una barrera "física" para evitar el contacto entre trabajadores del Poder Judicial y Profesionales del Derecho. Efectividad manifiesta han demostrado laminas o pantallas de acrílico o vidrio en cada mostrador para separar a los dos núcleos de personas.

A estos efectos y a modo de ejemplo, la Administración Nacional de la Seguridad Social, en sus unidades de atención  inmediata (UDAI), donde se requieren interacciones humanes de manera impostergable las ha dispuesto como insumo preponderante.

b.2. Higiene de manos

Deberá facilitarse en cada mesa de entrada tanto a los profesionales del derecho como a los trabajadores alcohol en gel, como así también se deberá poner a disposición jabón en cada sanitario, tanto en los de uso exclusivo personal como en los públicos.

b.3. Protección del rostro

Toda persona que ingrese a cualquier dependencia judicial deberá llevar el tapaboca y/o mascara facial de protección.

A todo efecto en los accesos generales de cada edificio dónde dependiente del Poder Judicial se deberá disponer de estos a disposición del público en general a razón, pudiendo retirar como máximo uno por persona y por día, debiéndose afectar personal tanto para el control del cumplimiento de la medida, como así también para la disposición y eventual entrega de los mismos.

b.4. Control de la temperatura corporal

Frente al ingreso de toda persona a los edificios del Poder Judicial se deberá realizar un exhaustivo control, persona por persona, sobre su temperatura corporal.

A tal efecto podrá disponerse de personal con termómetros portátiles o con cabinas homologadas tales como las dispuestas en aeropuertos, estaciones de trenes o espacios de alto transito.

b.5. Cabinas sanitizantes

Se deberá disponer una por cada edificio o dependencia del poder judicial.

V. Dotación especial de fondos

a) Asignación presupuestaria especial

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá servirse de los fondos públicos asignados por el Tesoro de la Nación a través del presupuesto anual. Si los mismos no fueran suficientes, sin mayores dilaciones deberán solicitarse con carácter de urgencia al Poder Ejecutivo Nacional en forma especial.

b) Utilización de los fondos anticiclicos del Poder Judicial

Es menester la utilización de todos los fondos disponibles del Poder Judicial, aún aquellos que se encuentren ubicados en Plazos Fijos, como así también los denominados “anti cíclicos”, pues como su nombre lo indica, tienden a absorver los embates de las crisis que generan el cambio de un ciclo a otro. Caracterizando la época como lo venimos haciendo, ni siquiera podemos hablar de tales, ya que estamos transitando directamente hacia una nueva era y en consecuencia “Qui Potest Plus, Potest Minus”.

VI. Activación de protocolos

Los protocolos establecidos se deberán poner en plena ejecución ante casos sospechosos y frente a casos positivos. 

 


(*) Abogado (UBA). El presente trabajo es un documento elaborado por la asociación civil "Nace un Derecho" y está destinado a servir al debate para la reactivación plena del servicio de administración de justicia. 

[1] Ana Paula Paulleti. Principios Procesales del Proceso Civil Entrerriano. Disponible en línea en http://www.pensamientocivil.com.ar/system/files/principios_procesales_del_proceso_civil_entrerriano_pauletti.pdf

[2] Hernán Folgueiro. Hacia una fundamentación epistemológica. Disponible en línea en http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/lye/revistas/72-73-74/principio-de-inmediacion-hacia-una-fundamentacion-epistemologica.pdf

[3] Ibidem

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