• martes 07 de julio del 2020
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Conexidad y competencia por prevención en procesos colectivos paralelos y superpuestos

Un análisis de la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en el marco de la causa "Culacciatti Darío José".

Por Francisco Verbic*

 

I)  Introducción

El objetivo de este trabajo es comentar la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) en fecha 20 de mayo de 2020 en la causa "Culacciatti, Darío José y otro c/ Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires d/Amparo (Inforec 301) - Conflicto De Competencia - Art. 7 Ley 12008” (Expte. N° B - 76.420).

Mediante esta decisión, el tribunal resolvió un conflicto negativo de competencia que se había generado entre dos juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo: uno de La Plata y otro de San Nicolás.

¿La causa del conflicto? Un nuevo proceso colectivo, promovido ante esta última jurisdicción, para proteger el derecho al trabajo de abogadas y abogados en el contexto del aislamiento social obligatorio.

Ambos magistrados consideraron -por diversas razones, según veremos analizaremos- que no les correspondía entender en “Culacciatti”. La SCBA, finalmente, atribuyó competencia por prevención al juez de La Plata.

Además de la evidente relevancia del tema de fondo en discusión, la sentencia que comentamos reviste interés desde una perspectiva procesal. Ello así porque contiene una interpretación del tribunal sobre la “regla de prevención”, establecida en el segundo párrafo del art. 3 (y en el tercer párrafo del art. 8, agregamos) de la Ley de Amparo N°13.928 y modificatorias.[1]

En las líneas que siguen, analizaremos en primer lugar el contexto procesal en que fue dictada la sentencia. Luego señalaremos lo común que es la existencia de procesos colectivos paralelos y superpuestos frente a riesgos o violaciones masivas de derecho, aportando algunas lecturas de la doctrina sobre la materia.

En tercer lugar, presentaremos un breve repaso del marco normativo y jurisprudencial que gobierna la competencia por prevención a nivel nacional y local.  Y sobre este piso de marcha, procederemos a analizar los argumentos que expuso el tribunal para fundar su decisión.

Finalmente, con todo esto en mente y a modo de cierre, me propongo llamar la atención sobre dos cosas.

La primera es la conveniencia de modificar el reglamento del “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”, aprobado por Acordada SCBA Nº 3.660 (modificada por el Acuerdo SCBA N° 3721/14), a fin de establecer con claridad que la competencia por prevención en procesos colectivos tiene por fundamento la anotación de la resolución de admisibilidad del amparo colectivo en dicho Registro.

La segunda de ellas es que, aun en el marco de poca claridad que establece la normativa vigente en este campo, correspondía aplicar dicho criterio en este caso. O bien, a todo evento, la regla supletoria del art. 189 del CPCC.[2]

 

II) El conflicto que debía resolver la SCBA

El conflicto de competencia que llegó al máximo tribunal local se había suscitado "entre el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen [con asiento en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos] y el Juzgado de Primera Instancia N° 3, del mismo fuero, del Departamento Judicial La Plata". 

En el primero de dichos órganos tramitaba la causa "Culacciatti", que da nombre a la carátula del expediente resuelto por la SCBA.  Este caso fue promovido el 16 de abril de 2020 por "abogados en ejercicio de la profesión en el Departamento Judicial San Nicolás", quienes invocaron "la representación de todos los abogados matriculados en ese Departamento Judicial y como habitantes de la Provincia de Buenos Aires".

Ante el órgano platense, a su turno, tramita la causa "Nieves, Román Federico c/ Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires s/amparo" (Expte. N° 65.339). Este proceso fue iniciado el 13 de abril de 2020 por un abogado en base a su "calidad de abogado en ejercicio de la profesión en el Departamento Judicial La Plata, e invocando la representación de todos los abogados matriculados en este Departamento Judicial; y como habitante de la Provincia de Buenos Aires".

Antes de proveer la demanda en "Culacciatti", el Juez de San Nicolás constató "que de los registros de la mesa de entradas virtual surge la existencia de una causa de amparo que, con idéntica pretensión se encuentra en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 3 del Departamento Judicial Plata".

Con causa en esa información, "se inhibió de entender en el asunto por considerar que el órgano jurisdiccional con sede en esta ciudad había prevenido, apoyando su decisión en lo dispuesto en los arts. 3, 8, 15 y 21 de la ley 13.928 y destacando el hecho de que la acción que tramita en La Plata había sido inscripta en el Registro de Procesos colectivos previsto en el citado art. 21".

Al recibir la causa, el juez de La Plata rechazó la radicación ante sus estrados por considerar que "si bien coincidía el objeto de la impugnación en ambos casos, en el que tramita ante su estrado se persigue el inmediato restablecimiento de la prestación del servicio de justicia en ese Departamento Judicial".

En otras palabras: aun cuando había identidad de objeto entre ambos procesos, no se configuraba identidad de partes (recordemos que la "parte" del proceso colectivo es el grupo o clase representada por el legitimado):

"[El juez de La Plata] consideró que la pretensión deducida se refería y estaba circunscripta al Departamento Judicial La Plata y que el carácter colectivo de las demandas, dada esta limitación, no era suficiente como para justificar la radicación por prevención".

El otro fundamento invocado para resistir la competencia fue que, en atención a que la pretensión exigiría analizar particularidades propias de cada región territorial, no se corría riesgo de dictar sentencias contradictorias:

"Luego de señalar los inconvenientes que traería aparejados al proceso el hecho de admitir la acumulación de estas causas, destacó también que debían tenerse presente las diferentes realidades que al momento de adoptar la decisión era dable constatar en distintas zonas de la Provincia en esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, de la que hiciera mérito esta Corte al dictar el Acuerdo 480/20.

De modo tal que, según su criterio, las cuestiones sometidas a decisión podrían ser resueltas de modo diferente dadas esas particularidades, sin que exista, por ello, el riesgo de que se dicten sentencias contradictorias, lo que permitiría a cada magistrado resolver la cuestión con inmediatez, en el ámbito territorial de su jurisdicción y de acuerdo a sus peculiaridades, garantizando así una mejor prestación del servicio de justicia".

Estos argumentos fueron respondidos por el juez de San Nicolás, quien los rechazó e insistió con que el proceso debía radicarse en La Plata. Para sostener su posición sostuvo lo siguiente:

"Destacó que la matriculación en cualquier colegio departamental habilita el ejercicio profesional en todo el territorio provincial e hizo hincapié en la existencia de otros procesos de amparo con idéntico objeto que involucrarían a abogados de toda la Provincia.

Destacó también que la ley de amparo, al establecer la competencia del juez que previno para los amparos de incidencia colectiva, tiene en consideración el bien jurídico comprometido y no la "causa petendi", basándose en precedentes de este Tribunal".

Así quedó trabado el conflicto negativo que la SCBA resolvió, finalmente y como adelantamos, adjudicando competencia al juez de La Plata.

 

III) El recurrente problema de procesos colectivos paralelos y superpuestos

La puesta en riesgo o violación masiva de derechos provoca un escenario en el cual es muy frecuente el planteo de diversos procesos colectivos paralelos y superpuestos que encuentran causa en el mismo conflicto, tal como ocurrió en este caso.

Procesos colectivos que, si bien tiene por objeto cuestiones similares, son promovidos por distintos legitimados colectivos, en distintas jurisdicciones territoriales, con distintos argumentos, y no siempre en representación de exactamente el mismo grupo o clase.

El ejemplo más claro y reciente de este fenómeno fueron las decenas de causas promovidas en el año 2016 para discutir contra el Estado Nacional los aumentos tarifarios de los servicios públicos esenciales de gas natural y electricidad, implementados por entonces sin audiencia pública previa (en el caso del gas, llegaron a más de un centenar los procesos colectivos iniciados en distintas jurisdicciones del país).

Esta situación impone la necesidad de redimensionar y adaptar, en el marco de procesos colectivos, los extremos exigibles para tener por configurada la competencia por conexidad, por un lado, y para establecer los alcances de la regla de prevención, por el otro.

Y para ello debemos recordar las enseñanzas de Pellegrini Grinover, quien advertía hace tiempo que los conceptos de conexidad, continencia y litispendencia son extremadamente rígidos en el proceso individual, colocando trabas al reconocimiento de las relaciones entre procesos, de modo de dificultar la acumulación o la extinción”.[3]

Esa rigidez, sumada a la aplicación estricta de la regla de preclusión, puede llevar en el campo colectivo a situaciones de desprotección. En este sentido, analizando el sistema brasileño (igual que el argentino en este punto), Gidi advertía que la imposibilidad de modificar o ampliar demanda una vez trabada la litis de aquel proceso colectivo que genera prevención -y ante el cual deben acumularse el resto- nos puede colocar en una situación de riesgo para los miembros ausentes del grupo. Ello puede ocurrir, por ejemplo, si la primera acción no fue correctamente planteada, o bien si el grupo no resulta allí correctamente representado.

Para enfrentar este riesgo, Gidi plantea como posible solución el establecimiento de un mecanismo flexible que permita unificar todos los procesos colectivos en aquel que tuviera el objeto más amplio. Incluso, propone habilitar la posibilidad de añadir o modificar pretensiones cuando fuera necesario.[4] En otras palabras: propone flexibilizar la regla de preclusión para permitir un procesamiento completo y adecuado del conflicto, con independencia de los argumentos particulares que pudiera tener la primera causa que provoca prevención.

El principio general que rige nuestro proceso individual en materia de litispendencia fue recogido en el art. 30 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica,[5] aunque cuidando de no caer en la estrictez de exigir la clásica triple identidad sujeto/objeto/causa.  En este sentido, esta iniciativa deja en claro que, si bien el primer proceso colectivo produce litispendencia respecto de los posteriores en los que se hagan valer pretensiones sobre el mismo bien jurídico, ello ocurre “aun cuando sean diferentes los legitimados activos o las causas de pedir”.[6]

A su turno, en materia de conexidad y al igual que las normas locales y nacionales que abordaremos en los apartados IV y V de este trabajo, el Código Modelo contempla la regla de prevención en los siguientes términos: “prevención en favor del juez que conoció del primer proceso”.[7]Lamentablemente, del mismo modo que aquellas normas, no se define con precisión qué hecho o acto procesal determina quién “conoció del primer proceso”.

La propuesta que realizamos junto con Salgado y Giannini en nuestro Anteproyecto de Ley de Procesos Colectivos, aportado como insumo para la comisión del Programa Justicia 2020 que trabajó en el tema, fue establecer como elemento para determinar la competencia por prevención la inscripción en el Registro Público de “la apertura del proceso colectivo”.[8]

Esto es, la inscripción de la orden de apertura/certificación/admisibilidad dictada luego de analizar, al menos prima facie, los requisitos esenciales exigidos por la CSJN en “Halabi” y su progenie para determinar si la causa puede o no procesarse en clave colectiva.[9]

Por otra parte, también establecimos allí la necesidad de flexibilizar la regla de preclusión para permitir una adecuada tutela del grupo de personas ausentes en el debate.  En este sentido, contemplamos que “Cualquier legitimado colectivo que actúe en una causa que deba ser acumulada a otra en virtud de lo dispuesto en este artículo podrá requerir fundadamente al juez que habilite la incorporación de nuevos hechos, pruebas y argumentos en sostén de la pretensión colectiva.  Esta facultad podrá ejercerse hasta el dictado del auto de apertura a prueba y, de ser admitido el pedido, el juez deberá asegurar el debido contradictorio entre las partes con relación a los elementos incorporados”.[10] 


V) El marco normativo y la jurisprudencia a nivel nacional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) no fue ajena a esta problemática. Enfrentada con un conflicto de alcance nacional por el cual se habían planteado numerosas causas colectivas en distintos lugares del país, al resolver “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión” a fines del año 2014 sostuvo, entre otras cosas, lo siguiente:[11]

(i)        “La insuficiencia normativa no empece a que, con el fin de prevenir que se menoscabe la garantía del debido proceso legal, se adopten, por vía de interpretación integrativa, pautas mínimas indispensables de prelación para que se eviten pronunciamientos contradictorios derivados de procesos colectivos en los que se ventilan pretensiones sobre un mismo bien jurídico” (considerando 6°).

(ii)       “Que esta Corte ya había tenido oportunidad de puntualizar con meridiana claridad la importancia de la preferencia temporal y de su gravitación en los procesos vinculados a bienes colectivos (Fallos: 315:1492, considerando 25)” (considerando 6°, la cita de Fallos corresponde a “Ekmekdjian c. Sofovich”).

(iii)      “Que durante el último tiempo este Tribunal ha advertido un incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que provienen de diferentes tribunales del país” (considerando 7°).

(iv)      “Esta circunstancia genera, además de dispendio jurisdiccional, el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias y de que las decisiones que recaigan en uno de los procesos hagan cosa juzgada respecto de las planteadas en otro” (considerando 7°).

(v)       “También favorece la objetable multiplicación de acciones procesales con objetos superpuestos tendientes a ampliar las posibilidades de obtener alguna resolución -cautelar o definitiva- favorable a los intereses del legitimado activo o de interferir en la decisión dictada en el marco de otro expediente” (considerando 7°).

Por esas razones “y en atención a que los aludidos inconvenientes podrían conllevar a situaciones de gravedad institucional”, la CSJN sostuvo en ese precedente que era necesario crear “un Registro de Acciones Colectivas en el que deban inscribirse todos los procesos de esa naturaleza que tramiten ante los tribunales del país”(considerando 7°).

En palabras de dicho tribunal federal, este Registro tiene tres objetivos concretos (considerando 7°):

(i)        “Evitar el escándalo jurídico que podría representar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas”.

(ii)       “Lograr la economía procesal que mejor se ajuste a un adecuado servicio de justicia”.

(iii)      “Brindará información a los tribunales y a los legitimados colectivos o individuales acerca de la existencia de procesos de esa naturaleza y favorecerá el acceso a justicia al permitir a los habitantes conocer la existencia de procesos y sentencias de las que puedan ser beneficiarios”.

 

Estos anuncios de la CSJN se cumplieron una semana después con la Acordada CSJN N° 32/2014, dictada por el tribunal el 1 de octubre de 2014. Por su intermedio, se creó y aprobó en la órbita del tribunal el reglamento del “Registro Público de Procesos Colectivos”.[12]

El objetivo de implementar un sistema que permitiera enfrentar el problema de la multiplicidad de procesos colectivos paralelos y superpuestos, sin embargo, recién fue cumplido acabadamente con la Acordada CSJN N° 12/2016 (dictada por el tribunal el 5 de abril de 2016, para comenzar a regir en los procesos iniciados a partir del primer día hábil de octubre de ese año).

Sucede que, al crear y reglamentar el Registro en el año 2014, la CSJN omitió expresar qué efectos tenía la anotación de un proceso colectivo. 

Esta omisión fue subsanada en el apartado VII del “Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos”, aprobado por la señalada Acordada CSJN N° 12/2016, donde se estableció lo siguiente:

“VII. Prevención: La inscripción la que se refiere el punto anterior producirá la emisión dicho tribunal de todos aquellos procesos cuya pretensión presente una sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva”.

Más allá del avance que significó establecer la regla de prevención en estos claros términos, es necesario señalar que esta reglamentación provocó problemas muy serios en la materia.[13] Entre otras cosas, por dejar de exigir la resolución del art. 3 del Reglamento aprobado por la Acordada CSJN N° 32/2014 como requisito previo a la orden de inscripción, lo cual derivó en que, actualmente, se inscriban en el  Registro de Procesos Colectivos de la CSJN causas que no se sabe si son, efectivamente, colectivas.[14]
 
Hasta el dictado de la Acordada CSJN N° 12/2016, la cuestión estaba gobernada principalmente por la regla establecida en el precedente “García”.[15]Se trata de una sentencia de dos páginas donde la CSJN ordenó la acumulación de diversos procesos colectivos de consumo promovidos en el fuero federal con motivo del aumento de la tarifa de gas natural implementado por la Resolución de la Secretaría de Energía de la Nación N° 226/14 y la Resolución del ENARGAS N° 2884/14.
 
En dicha decisión del 2015 (esto es, posterior a la creación y reglamentación del Registro Público), la CSJN sostuvo lo siguiente:
 
“En atención a la importancia que corresponde asignar a la preferencia temporal en el marco de los procesos colectivos, los jueces intervinientes en las causas a las que se hace referencia deberán unificar su trámite en aquel tribunal que hubiera prevenido en la materia, de manera tal de conjurar el peligro de que grupos de personas incluidas en un colectivo obtengan el beneficio de ciertas pretensiones y otras, que también lo integran, resulten excluidas”.
 
Como puede advertirse, la CSJN no había establecido allí ninguna regla especial de prevención. Debido a ello, entendemos que correspondía interpretar que la cuestión quedaba comprendida en el principio general del art. 189 del CPCCN.  Esto es: el proceso colectivo que generaba competencia por prevención era aquel donde primero se notificó el traslado de la demanda.[16] 
 
                                    

V) El marco normativo y la jurisprudencia en la Provincia de Buenos Aires

En el orden local, la regla de competencia por prevención para amparos individuales se encuentra establecida en el segundo párrafo del art. 3 de la Ley N° 13.928. Esta norma establece que "Cuando se interpusiera más de una acción por un mismo hecho, acto u omisión, entenderá el que hubiere prevenido".  

Como puede advertirse, no se determina allí cuál es el hecho o acto procesal que configura tal prevención.  Frente a ello, por disposición del art. 25 de la Ley de Amparo, debemos acudir a la aplicación supletoria del art. 189 del CPCCBA. Esta previsión normativa es exactamente igual a su par del CPCCN: establece que los procesos se acumularán ante el juzgado donde primero se hubiese notificado el traslado de demanda.

En este sentido, Dos Santos advierte que son “evidentes razones de conexidad, concentración y economía de gastos” las que aconsejan que intervenga el mismo Juez o Tribunal que previno. De todos modos, aclara, “la posibilidad de acumular puede resultar viable en el caso que concurran los requisitos para su procedencia, y si ello no se da, el nuevo amparo debería igualmente tramitarse ante el mismo juzgado que previno pero sin acumulación”.[17]

Más allá de lo dispuesto en el art. 3, es necesario tener en cuenta que la Ley N° 13.928 (desde su modificación por la Ley N° 14.192) contempla una regulación específica sobre competencia por prevención para amparos colectivos.  Nos referimos a lo establecido por los párrafos segundo y tercero del art. 8:

"En el caso de declarar la admisibilidad de amparos de incidencia colectiva, por cumplirse los extremos requeridos para la misma, el Juez deberá ordenar la inscripción de dicha causa en el Registro especial creado en la presente ley, que informará en el plazo de dos (2) días sobre la existencia de otras acciones que tengan un objeto similar o que estén referidas al mismo derecho o interés colectivo o que alcancen en forma total o parcial al mismo colectivo.

En caso de que del informe surgiere la existencia de otros juicios, la causa se remitirá al Juzgado que previno".

A diferencia de la regla para amparos individuales, este art. 8 sí establece un modo específico para determinar qué juzgado previno en el conflicto: aquél que inscribió el primer proceso colectivo en el Registro Público. 

De otro modo, ¿qué sentido tendría esa anotación registral?  

Esta posición se apoya también en el modo en que tal Registro Público fue regulado por la SCBA.

La Provincia de Buenos Aires fue la primera jurisdicción del país en implementar un mecanismo de este tipo. Lo hizo mediante la Acordada SCBA Nº 3.660/14 (modificada posteriormente por el Acuerdo SCBA N° 3721/14).[18]

Con esta reglamentación, el tribunal amplió el campo de actuación del art. 21 de la Ley N° 13.928 (texto según Ley N° 14.192), por medio del cual la legislatura local había creado un “Registro de Amparos de Incidencia Colectiva”. Decimos que la SCBA amplió lo dispuesto por el señalado art. 21 de la ley de amparo local[19] porque reglamentó un “Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva”,en el cual deben inscribirse no solo amparos sino también otros tipos de procesos colectivos.[20]

Mediante esta Acordada la SCBA se ocupó de regular expresamente la competencia por prevención, remitiendo sobre ello a lo dispuesto por el art. 8 de la Ley de Amparo:

"Artículo 12: De los efectos de la comunicación del Registro. En el caso de amparos de incidencia colectiva los efectos de la comunicación se regirán de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 13928 (texto s/ Ley 14.192)”.

Más allá de su redacción poco clara, todo indica que la reglamentación otorgó a la "comunicación" (¿inscripción?) de un proceso de amparo colectivo entidad suficiente como estándar para determinar qué juzgado previno sobre otros en un escenario de procesos colectivos paralelos y superpuestos.

De otro modo, ¿qué sentido tiene la remisión al art. 8 de la Ley de Amparo?

 

VI) Los argumentos de la SCBA para atribuir competencia al juez de La Plata

Habiendo repasado el marco normativo y jurisprudencial que gobierna la cuestión, volvamos sobre la sentencia de la SCBA a fin de analizar los argumentos invocados para decidirdel modo en que lo hizo.

En primer lugar,el tribunal recordó su doctrina legal sobre la "regla de prevención por conexidad" establecida en el art. 3 de la Ley N° 13.928 (énfasis agregado):

"En la aplicación de la regla de prevención por conexidad sentada en el art. 3 infine de la Ley de Amparo, era necesario tener en cuenta que, para su viabilidad, debían necesariamente concurrir las circunstancias allí especificadas; esto es, que las acciones versen sobre un mismo hecho, acto u omisión, lo que no acontece cuando varía el colectivo de amparados sobre los cuales se requiere la tutela jurisdiccional urgente (doctr. causas B. 73.301 ‘Villordo’, res. del 24-IX-2014 y B. 73.292 ‘Garate’, res. del 19-II-2015) o el objeto de ambas pretensiones difiere de manera ostensible (doctr. causas B. 73.384 ‘Ávalos’ y B. 73.386 ‘Romano’, sendas res. del 3-XII-2014 y B 73.869, ‘Centro de Estudios Legales y Sociales’, res. del 30-IX-2015)".

Llama la atención que no hubo en la sentencia un análisis del art. 8 de la Ley de Amparo, norma de aplicación específica al caso por tratarse de un amparo colectivo. La única mención al art. 8 se encuentra en la parte dispositiva de la sentencia.

En otro orden, la SCBA recordó lo expuesto en anteriores precedentes donde se refirió a lo sostenido por la CSJN en esta materia:

"Por último, tuvo oportunidad de recordar en las causas B. 73.649 ‘Arosteguichar’, del 22 de marzo de 2016 y B. 74.563 ‘Viglianchino’, del 22 de marzo de 2017, quela Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido en la litispendencia que produce el proceso originario respecto de las demás acciones colectivas que tengan por objeto una controversia sobre un mismo bien jurídico, circunstancia que no varía aun cuando sean diferentes los legitimados activos y la causa petendi (CSJN Fallos: 331:1622)".

La cita de Fallos realizada en este pasaje de la decisión corresponde a la sentencia estructural dictada por la CSJN el 8 de julio de 2008 en “Mendoza, Beatriz”.[21]Sobre esto cabe señalar que la regla de litispendencia allí contenida no puede ser trasladada automáticamente-con valor de precedente- a otros casos.

Sucede que dicho proceso colectivo, de naturaleza absolutamente excepcional, llevó a la CSJN a establecer por vía jurisprudencial un régimen especial de litispendencia que resulta aplicable, exclusivamente, a los casos colectivos donde se discuta sobre el mismo bien ambiental.[22]

Más allá de estas críticas, en base a las premisas señaladas el tribunal afirmó: "es claro que en este caso corresponde, por haber prevenido, que sea el magistrado de La Plata quien deba resolver ambos procesos".

La pregunta obligada es, ¿cómo determinamos qué juzgado previno y, por tanto, debe asumir competencia sobre el resto de las causas colectivas conexas?

La SCBA definió estas cuestión con fundamento en cuatro argumentos.

(i)        En el caso "Nieves" la demanda "se dedujo antes que en este expediente"

Este criterio resulta, cuanto menos, problemático. ¿Es acaso la fecha de promoción de la demanda un dato relevante para establecer qué juzgado debe asumir competencia por prevención? La respuesta, en principio es no. Cuanto menos, no lo es a la luz de la normativa vigente. 

Según vimos, puede interpretarse que la reglamentación del Registro Público estableció en su art. 12 que la prevención se produce por la anotación del proceso colectivo en dicho Registro. 

A todo evento, si esta interpretación no se considera apropiada, resultaría de aplicación la regla general del art. 189 del CPCCBA. Norma que, según también vimos, establece como dato relevante para establecer la prevención la fecha en que se notificó el traslado de demanda.

El marco normativo vigente no contempla el inicio de la demanda como un factor a considerar para atribuir competencia por prevención. Tampoco parece que esto encuentre fundamento en precedentes del tribunal. Cuanto menos, no en el campo procesal colectivo.

(ii)       El objeto de ambas pretensiones "es el mismo" 

En este sentido, respecto de las diferencias territoriales invocadas por el juez de La Plata para resistir la competencia que le fuera atribuida por el juez de San Nicolás, la SCBA sostuvo que "si bien puede ser considerada como un elemento diferenciador de las pretensiones expuestas en uno y otro caso, carece de entidad como para justificar la decisión que al respecto aquel adoptara”.

Ello así porque “Debe repararse en que la matriculación en un colegio departamental habilita el ejercicio de la profesión en todo el territorio de la Provincia (art. 1 inc. 2, ley 5177) y que las medidas impugnadas abarcan a la totalidad de los departamentos judiciales, con algunas adecuaciones que se dispusieron luego, a medida que las restricciones impuestas por el Gobierno nacional se fueron flexibilizando".

(iii)      A la demanda de La Plata "se adhirieron letrados que se encuentran matriculados en colegios de otros departamentos"

Este es otro argumento problemático.  A nuestro modo de ver, las adhesiones a la causa por parte de letrados y letradas matriculadas en otros colegios departamentales es un hecho que carece de vinculación con la competencia por prevención. Y que carece también, por tanto, de aptitud alguna para influir en la materia.

(iv)      La existencia de un "indudable riesgo de sentencias contradictorias"

Ello por cuanto, de acuerdo con la SCBA, ambos procesos colectivos tenían identidad “de objeto y argumentación”.

En tal orden de ideas, sostuvo lo siguiente: "Más allá de las diferencias señaladas por el magistrado que rehusó intervenir en este litigio, la identidad de objeto y argumentación con el que tramita en su sede hace que resulte indudable el riesgo de que en estos casos se dicten sentencias contradictorias y que la conexidad de los procesos resulte total".

 

VII) Cierre

El sistema de la Provincia de Buenos Aires, a diferencia del que gobierna el tema a nivel nacional, carece de definiciones claras y precisas sobre cómo opera la regla de competencia por prevención para entender en procesos colectivos paralelos y superpuestos.

A nuestro modo de ver, esta regla debería ser establecida expresamente por una norma de derecho positivo, la cual, además, debería determinar con la mayor claridad posible cuál es el hecho o acto procesal que consolida la competencia del juez o jueza que previno.

Ausente una previsión de este tipo, la regla general en la materia -aplicable al proceso de amparo colectivo con carácter supletorio- es la establecida por el art. 189 del CPCCBA.  Se trata de una regla que -según vimos y a diferencia de lo que sostiene la SCBA en la sentencia que comentamos- no establece prioridad al proceso que se inició primero, sino a aquél en que primero se hubiese notificado el traslado de demanda.

Se trata de una regla, además, pensada para procesos individuales que no ha sido adaptada a la dimensión colectiva de los conflictos y que, por tanto, puede provocar serios riesgos de indefensión para el grupo ausente.

Frente a ello, es necesario considerar la regulación del Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva dictada por la SCBA. Según vimos, el art. 12 de la Acordada SCBA Nº 3.660/14 parece indicar que la regla de prevención entre amparos colectivos se determina por la anotación del proceso en dicho Registro. Se trata, sin embargo y como intentamos demostrar, de una regulación poco clara que sería conveniente modificar.

En este orden de ideas, puede ser interesante tener en cuenta el derecho comparado interno. Al menoscomo fuente de orientación.

Analizando las regulaciones en la materia, podemos ver que la Provincia de Entre Ríosestableció la regla de prevención de manera idéntica a la Acordada CSJN N° 12/2016,[23]al igual que lo hizo la Provincia de Córdoba.[24]No sucede así con los Registros Públicos implementados en Salta,[25] Ciudad de Buenos Aires,[26] Río Negro[27] y Corrientes,[28] todos los cuales carecen de previsiones en la materia.

Para terminar, entiendo necesario señalar que la publicidad de los procesos colectivos a través de su inscripción registral no cumplirá los objetivos perseguidos por la CSJN en “Halabi”, “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión” y toda su progenie. Esto es,evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos”.[29]

Más aun, esa publicidad puede generar el efecto contrario:multiplicar exponencialmente el planteo de casos similares debido al acceso a información sobre la existencia del conflicto y sobre planteos concretos para discutirlo en determinada jurisdicción territorial.

La publicidad, por tanto, no alcanza para enfrentar este fenómeno. La resolución adecuada y eficiente de los problemas que genera la multiplicación y superposición de procesos colectivos con objetos similares solo podrá lograrse a través del establecimiento de reglas claras sobre competencia por prevención y conexidad. 

Según vimos, la CSJN advirtió esto un año y medio después de haber implementado el Registro Público mediante Acordada N° 32/2014, y lo resolvió estableciendo una regla expresa sobre los efectos de la inscripción registral en el apartado V del Reglamento de Actuación aprobado por la Acordada N° 12/2016. 

Sería conveniente hacer lo propio en la Provincia de Buenos Aires para evitar problemas interpretativos que no hacen más que demorar irrazonablemente la definición del juzgado o tribunal que debe entender en estas situaciones y que, además, puede generar problemas de indefensión para los miembros del grupo ausentes en el debate.

 

 
 
*Profesor Adjunto de Derecho Procesal II y Secretario Académico de la Maestría en Derecho Procesal, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Blog: https://classactionsargentina.com.Trabajos de investigación y publicaciones: https://unlp.academia.edu/FranciscoVerbic.

____________________________

[1] Art. 3, segundo párrafo, Ley N° 13.928 y modificatorias: "Cuando se interpusiera más de una acción por un mismo hecho, acto u omisión, entenderá el que hubiere prevenido".

[2]“ARTICULO 189: Principio de Prevención. La acumulación se hará sobre el expediente en el que primero se hubiese notificado la demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieran distintas competencias por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía”.

[3]Pellegrini Grinover, Ada “Derecho Procesal Colectivo”, RDP, Rubinzal Culzoni, 2006-2, pp. 387-399 (traducción al español de Copani, Juan C.). 

[4] Gidi, Antonio “Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil.  Un modelo para países del derecho civil”, Ed. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2004, p. 115.

[5] Este Código Modelo fue elaborado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal con la dirección de Antonio Gidi, Ada Pellegrini Grinover y Kazuo Watanabe (aprobado en su versión definitiva en octubre de 2004). La iniciativa, conforme surge de su exposición de motivos, tuvo por objeto lograr “un Código que pudiese servir no sólo como receptor de principios, sino también como modelo concreto para inspirar las reformas, de modo de tornar más homogénea la defensa de los intereses y derechos transindividuales en países de cultura jurídica común.  El Código – como su propia denominación dice– debe ser tan sólo un modelo, a ser adaptado a las peculiaridades locales, que serán tomadas en consideración en la actividad legislativa de cada país; pero debe ser, al mismo tiempo, un modelo plenamente operativo”.

[6]“Art. 30. Litispendencia.  El primer proceso colectivo produce litispendencia respecto de los posteriores en los que se hagan valer pretensiones sobre el mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes los legitimados activos o las causas de pedir”.

[7]“Art. 29. Conexión. Si hubiere conexión entre las causas colectivas, se produceprevención en favor del juez que conoció del primer proceso, quien de oficio o apetición de parte, podrá ordenar la acumulación de todos los litigios, aun cuando enéstos no actúen la totalidad de los mismos sujetos procesales”.

[8]Giannini, Leandro J. – Salgado, José M. – Verbic, Francisco“Anteproyecto de ley de procesos colectivos”, RDP, Rubinzal Culzoni, 2017-1.

[9]Art. 9. Litispendencia y conexidad entre procesos colectivos. Relación con acciones individuales“La apertura del proceso colectivo generará litispendencia respecto de otros procesos de igual tenor que se refieran al mismo objeto litigioso y las causas deberán tramitar ante el juez que hubiera dictado con anterioridad la apertura del proceso colectivo.

En caso de dos procesos cuya fecha de apertura hubiese tenido lugar el mismo día, se tomará la fecha de promoción de la demanda. La constatación podrá efectuase a través del registro de la Mesa Receptora Única…”.

Art. 8, sexto párrafo “…Los efectos del proceso colectivo sobre otros procesos individuales o colectivos que versensobre la misma cuestión se tendrán por operados a partir de la inscripción del auto de apertura en elRegistro Nacional de Procesos Colectivos”.

[10] Art. 9, tercer párrafo.

 [11]CSJN en “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión S.A. s/ Amparo”, sentencia del 23/09/14, causa M.1145.XILX, Fallos 337:1024.

12]En los fundamentos de la Acordada CSJN N° 32/2014 se señala, en línea con lo sostenido en “Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión”, que “Este procedimiento destinado a la publicidad de los procesos colectivos -que arraigan en el art. 43 de la Constitución Nacional- tiene por objeto, asimismo, preservar un valor eminente como la seguridad jurídica cuya jerarquía constitucional ha sido señalada por el Tribunal con énfasis y reiteración (…), en la medida en que propende a asegurar eficazmente los efectos expansivos que produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, además de perseguir la apropiada tutela de los derechos de todas las personas que no han tomado participación en el proceso” (considerando 1°). El Registro de la CSJN es una base de datos de acceso público y gratuito desde la página web oficial de la CSJN.  El art. 7 del Reglamento dispone una amplia accesibilidad a la información contenida en el Registro (“toda persona”), y también establece el carácter gratuito de tal acceso, “por vía electrónica y mediante un procedimiento sencillo”.  La norma tiene aplicación para las causas que tramitan ante la justicia nacional y federal (si bien se invita a las Provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a celebrar convenios en la materia).

[13] Algunos desarrollos sobre este punto y las graves consecuencias que produce pueden consultarse en Verbic, Francisco “A 10 años de ‘Halabi’”, Palabras del Derecho, 24/02/2019.

[14] El señalado art. 3 del régimen original del Registro exigía pronunciarse sobre los requisitos de admisibilidad y las pautas adjetivas mínimas establecidas por el tribunal en “Halabi”. La Acordada CSJN N° 12/2016, en cambio, solo exige para ordena la inscripción una resolución que identifique tres cosas: (i) “provisionalmente la composición del colectivo, con indicación de las características circunstancias que hacen a su configuración”; (ii) “el objeto de la pretensión”; y (iii) “el sujeto o sujetos demandados” (apartado V del Reglamento de Actuación).

[15] CSJN en “García, José y otros c/ PEN y otros s/ Amparo Ley 16.986”, causa CSJ 4878/2014/CS1, sentencia del 10 de marzo de 2015, Fallos

[16]“PRINCIPIO DE PREVENCION. Art. 189. - La acumulación se hará sobre el expediente en el qu3e primero se hubiese notificado la demanda. Si los jueces intervinientes en los procesos tuvieren distinta competencia por razón del monto, la acumulación se hará sobre el de mayor cuantía”.

[17] Dos Santos, Gabriel A. “La garantía constitucional del amparo en la Provincia de Buenos Aires”, LLBA 2014 (junio), 487.  El autor cita en apoyo de esta postura un precedente de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 2, de La Plata, donde, interpretando el art. 4 de la vieja ley de amparo local N° 7166, dicho tribunal afirmó lo siguiente: “El artículo 4 de la ley 7166, en su parte final, establece que ‘...cuando un mismo hecho, acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas las acciones el Juez o Tribunal que hubiere prevenido...’. La norma citada prevé un supuesto de desplazamiento de la competencia con sujeción al principio de prevención, a fin de que sea un único juez el que decida una situación o estado jurídico que resulta común a varios sujetos y que encuentra origen en una misma situación fáctica, evidentes razones de conexidad, concentración y economía de gastos aconsejan que en los presentes actuados también intervenga el mismo Juez o Tribunal que previno en las causas predecesoras sin que obste a ello que en éstas se hubiere agotado la litis, desde que dicha circunstancia hace imposible la acumulación en los términos del artículo 188 del Código Procesal. En efecto, la posibilidad de acumular puede resultar viable en el caso que concurran los requisitos para su procedencia, y si ello no se da, el nuevo amparo debería igualmente tramitarse ante el mismo juzgado que previno pero sin acumulación, en atención a las prealudidas circunstancias de conexidad, concentración y economía procesales (arts. 4º ley 7166; 34 inc. 5º ap. b del Código Procesal)” (CC0201 LP 96826 RSI-186-1 S 25/09/2001 Juez SOSA (SD)).

[18]Comentarios sobre la norma pueden consultarse en Capaccio, Jeremías – Verbic, Francisco “La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires innova con la creación y reglamentación de un Registro de Procesos de Incidencia Colectiva”, LLBA 2014 (febrero), 1; Rizzi, Guillermo F.

“La acordada N° 3660/2013 de la SCBA o la inconveniencia de regular los procesos colectivos en una ley de amparo”,LA LEY 2013-F, 1132.

[19] Ley N° 13.928 (texto según Ley N° 14.192): “ARTICULO 21: Créase en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia, el Registro Público de Amparos de Incidencia Colectiva, en el que se registrarán los procesos de dicha naturaleza, su objeto, radicación, partes intervinientes, medidas cautelares dispuestas, y sentencias de todas sus instancias. Este Registro será público y de consulta libre y gratuita. Su reglamentación y organización estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia”.

[20] Sobre este punto, en los fundamentos de la Acordada SCBA N° 3.660 se sostuvo lo siguiente: “teniendo presente la naturaleza de las acciones colectivas, su trascendencia social, y las facultades que el art. 852 d& C.P.C.C. otorga a esta Suprema Corte, corresponde proceder a la creación y puesta en funcionamiento de un Registro de Procesos Colectivos en el que se subsuma el Registro de Amparos de Incidencia Colectiva”.

21] CSJN en “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, 1569/2006-M-40-ORI, sentencia del 08/07/2008, Fallos 331:1622.

[22] Considerando 22° de la sentencia: “Que, por último, las altas razones en que hacen pie las decisiones precedentes deben ser complementadas instrumentalmente, ordenando la acumulación de todos los litigios relativos a la ejecución del plan por ante el juez encargado de la ejecución, y declarando que este proceso produce litispendencia respecto de las demás acciones colectivas que tengan por objeto una controversia sobre el mismo bien jurídico, aun cuando sean diferentes el legitimado activo y la causa petendi”.

[23]Acuerdo General N° 33/2016(con Anexos I a III) dictado por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, mediante el cual creó el Registro de Procesos Colectivos y aprobó un Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos (art. 7, idéntico al apartado VII del Reglamento de Actuación aprobado por la Acordada CSJN N° 12/2016).

[24]Acuerdo Reglamentario N° 1499, Serie “A” del Tribunal Superior de Justicia De Córdoba, por medio del cual se implementó un sistema de registración informática para procesos colectivos y aprobó “Reglas Mínimas para la registración, certificación y tramitación de Procesos Colectivos” (art. 7, en referencia a la inscripción: “Este último acto procesal será el quefije la radicación definitiva de la causa colectiva en la órbita de la competencia delmagistrado o tribunal y el que determine su eventual prevención respecto de los futurosprocesos con iguales y similares objetos y/opretensiones”).

[25]Ley N° 7.968 y Acordada CJS Nº 12.324 de la Corte de Justicia de Salta, por medios de las cuales se creó y reglamentó, respectivamente, el Registro Público de Procesos Colectivos.

[26]Acuerdos Plenarios N° 5/2005 y N° 4/2016 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante los cuales se creó el Registro de Amparos Colectivos y luego se lo modificó para seguir la línea de la SCBA y ampliar su objeto a todo tipo de proceso colectivo.

[27]Acordada Nº 13/2017 del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, regulando los procesoscolectivos contemplados en el artículo 43 de la Constitución Provincial -Reglamentado por laLey B N° 2779 y los artículos 688 bis y ss. y cc. del CPCC.

[28]Acuerdo N° 26/14 (punto 10° y Anexo I) del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, aprueba el Registro de Acciones Colectivas y el Reglamento del Registro de Acciones Colectivas.

[29] CSJN en “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. – Ley 25.873 y dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 24/02/09, Fallos 332:111, considerando 20°.


 

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