• martes 07 de julio del 2020
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La Secretaría de Comercio Interior estableció a través de una resolución la categoría de los consumidores hipervulnerables

La norma emitida por la Secretaria Paula Español agrega esta categoría especial dentro de lo establecido en el artículo 1 de la Ley 24.240 cuando el consumidor se encuentre vulnerado en razón de de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales.

Así lo dispuso la Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Paula Irene Español, y Autoridad de Aplicación de la Ley 24.240 a través de la Resolución 139/20 dónde se crea la subclasificación dentro de lo establecido en el artículo 1 de la norma mencionada de los consumidores hipervulnerables.

Así es que se entenderá que estaremos en un supuesto de consumidor hipervulnerable cuando éste sea persona humana y que se encuentren en otras situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores. Además indica que podrán ser considerados consumidores hipervulnerables las personas jurídicas sin fines de lucro que orienten sus objetos sociales a los colectivos recién mencionados.

La resolución además indica diversas condiciones que podrán constituir causas de hipervulnerabilidad, enumeración que no es taxativa en absoluto. Entre ellas se destacan reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes, ser personas pertenecientes al colectivo LGBT+, ser personas mayores de 70 años, ser personas con discapacidad.

Otro punto singular de la normativa es la disposición de que los procedimientos administrativos en los que esté involucrado un consumidor o consumidora hipervulnerable deberán observar como principios procedimentales rectores al “lenguaje accesible” y el “deber reforzado de colaboración”, todo ello sin perjuicio de otros establecidos por la legislación administrativa.

Junto con lo expresamente establecido por la Resolución 139/20 también resulta interesante resaltar que la misma según se desprende de sus considerandos entiende que no obstante, la vulnerabilidad estructural de todos los consumidores en el mercado, algunos de ellos pueden encontrar agravada su situación en razón de su edad, género, condición psicofísica, nacionalidad, entre otras, lo que obliga a la adopción de medidas de tutela diferenciada sobre estos sujetos.

Ello no es más que aplicar el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional, pero también el artículo 75 inciso 23, ya que éste último impone la necesidad de promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la citada Constitución y por los Tratados Internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños y las niñas, las mujeres, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Y es, atendiendo a estos fines, “corresponde brindar a los consumidores hipervulnerables una atención prioritaria que se materializa con la implementación de estrategias dinámicas, personalizadas y ágiles que permitan una adecuada composición de los conflictos según las necesidades de cada caso”.

 

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