• domingo 27 de septiembre del 2020
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La Justicia ratificó la constitucionalidad de los decretos que prohíben el ingreso al país de los argentinos varados en el exterior

Así lo hizo la Cámara Federal de Tucumán, al confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia y rechazar el amparo interpuesto por argentinos varados en Londres.

El pasado 27 de marzo el juez a cargo del Juzgado Federal n°2 de Tucumán rechazó in limine la acción de amparo iniciada por el letrado Jorge Andrés Contreras, apoderado de María Florencia Manay, Gustavo Omar Flint y otras veintiún personas de nacionalidad argentina, con el fin de que regresen a la Argentina en un vuelo proveniente de Londres cuando las fronteras de nuestro país se encuentran cerradas, en razón de la pandemia de coronavirus (COVID-19). Así, ratificó la constitucionalidad del DNU 274/2020, que dispuso el cierre de fronteras, y del DNU 313/2020, que extendió la prohibición de ingreso al territorio nacional a las personas residentes en el país y a los argentinos y argentinas con residencia en el exterior.

Esta decisión fue apelada, entre otros motivos, por entender que la medida dispuesta por el DNU vulnera derechos y garantías de raigambre constitucional, como los derechos a la vida, integridad y libertad, y que no existe un estado de excepción a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además se destacó que “los fundamentos del Poder Ejecutivo de proteger la salud de los argentinos deben ser extensivos a las personas fuera del territorio argentino que no están en condiciones sanitarias óptimas”,

Sin embargo, el recurso de apelación fue rechazado parcialmente por la Cámara al entender que la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, “responde a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una obligación inalienable del Estado”.

Asimismo, manifestaron que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla que “algunos derechos pueden ser temporalmente suspendidos (como los de circulación y de residencia) y, en consecuencia, que su ejercicio puede restringirse, en forma proporcionada y razonable, y por el menor tiempo posible, ante la emergencia pública en materia sanitaria que la República Argentina se encuentra atravesando. También se ha considerado que los Estados tienen la prerrogativa de regular de manera temporal el control de los movimientos migratorios a lo largo de cada una de sus fronteras, lo que comprende la facultad de restringir el ingreso al territorio nacional cuando se determine fundadamente que ello representa una amenaza  o riesgo relevante  para la salud pública o la seguridad.”

En virtud de ello, ninguno de los decretos mencionados aparecen como actos arbitrarios o ilegales. Alegar una conducta estatal cuestionable, no es suficiente para la procedencia del amparo, el cual requiere de la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y que el acto se encuentre desprovisto de de todo sustento normativo. Es por ello que se confirma la sentencia apelada en tanto cuestiona los ya mencionados decretos.

Sin embargo, los amparistas ampliaron el objeto de la acción, lo cual no fue tenido en cuenta por el juez de primera instancia. Así, cuestionaron, además, el art. 4 del DNU 313/2020 que establece que el Estado adoptará las medidas pertinentes para facilitar la atención de las necesidades básicas de los nacionales argentinos o residentes en el país que no pudieron ingresar al territorio, en razón del cierre de fronteras. Alegaron que con esta norma se pretende satisfacer la igualdad ante la ley ero no se determina cuáles serán los fondos que se afectaran para que preste ayuda a los “varados” y que al utilizar la terminología “en el marco de sus posibilidades” no se conoce cuales ellas serían. Este planteo sí merece ser tratado, ya que los amparistas necesitan ser asistidos hasta que puedan regresar al país. Por ello se hizo lugar a este agravio y se dispuso devolver las actuaciones al Juzgado de origen a efectos de que tramite la acción solamente en relación a lo establecido en el art. 4 del DNU 313/2020.

Accedé al fallo.

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