• domingo 27 de septiembre del 2020
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La Justicia Federal rechazó un habeas corpus por el uso de telefonía móvil en cárceles

El Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora rechazó la acción deducida por las personas privadas de la libertad alojadas en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

El juez Federico Hernán Villena consideró que no se hallaban agravadas de manera ilegítima las condiciones de detención de los internos alojados en el Pabellón “F” del Módulo 2 del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, quienes habían presentado una acción de Habeas Corpus con la finalidad de acceder al uso de telefonía celular en el interior del establecimiento. Esto en el marco de la suspensión de visitas de todo tipo para la población carcelaria en el marco de la situación actual declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, lo que torna compleja la comunicación con los familiares y allegados. 

El rechazo se fundamentó en primer término por parte de las representaciones legales de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, quienes argumentaron que tanto desde el Servicio Penitenciario Federal como desde la instancia ministerial se han diseñado y articulado de manera coordinada acciones que ayudan  a aminorar los efectos del aislamiento social , preventivo y obligatorio sin poner en jaque la seguridad de los establecimientos penitenciarios. 

Informaron que, por ejemplo,  se había puesto a disposición una línea telefónica administrada por la División de Asistencia Social del Complejo, para que los familiares de las personas detenidas puedan comunicarse para conocer el estado de salud de cada uno de los internos, entendiendo entonces que no existía vulneración alguna al derecho a la comunicación. 

El Juez, tomando la misma línea denegatoria, consideró que, pese a entender las circunstancias extraordinarias, las cuales tienen carácter de transitorias, no debe olvidarse las medidas relacionadas al orden y seguridad que devienen  imprescindible garantizar. Específicamente, en cuanto a la utilización de aparatos de telefonía celular, fundamentó su decisión en determinados artículos de la Ley de Ejecución Penal Nacional, Ley N° 24.660, los cuales refieren al acatamiento de normas de conducta y a la propia falta calificada como grave en que incurren  las personas privadas de la libertad que posean, oculten, faciliten o trafiquen elementos electrónicos. 

Consideró además como un paliativo suficiente la implementación de un sistema de videoconferencias dando cumplimiento así al derecho de comunicación de las personas detenidas con sus familiares y allegados. Por esto último es que  peticiona a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que adopte las medidas necesarias para poner en funcionamiento el “Protocolo de vinculación familiar y social a través del sistema de videollamadas”.

 

Accedé a la resolución 

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