• miércoles 03 de junio del 2020
logo
add image

El Juicio a las Juntas: un hito en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura

En el marco del Día de la Memoria, un breve repaso sobre lo que fue este proceso histórico llevado adelante entre el 22 de abril al 9 de diciembre de 1985.

 

“Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria.Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino.Señores jueces: "Nunca más". Alegato del fiscal Julio César Strassera leído en el juicio a las juntas, año 1985. 

24 de marzo de 1976. Las Fuerzas Armadas interrumpen el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quién alcanza el poder gracias a su cargo de vicepresidenta, luego del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El gobierno de facto, constituido como Junta Militar, formado  por los comandantes Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti.

Por la madrugada de ese día, estas personas asumen la conducción del Estado en busca de la “recuperación del ser nacional”. Se sanciona, en forma inmediata, un acta fijando los objetivos de la Junta: asegurar la primacía del Estado, promover la cristiandad junto al desarrollo económico y erradicar, entre otras cosas la subversión. Se disuelve el Congreso; los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos y reemplazados por jueces amigos. José Alfredo Martínez de Hoz fue nombrado como ministro de economía; economía que al finalizar el régimen acumulaba una deuda externa por encima de los cuarenta y cinco millones de dólares.

Pese a la Argentina haber sufrido hasta ese momento otros golpes de Estado, lo cierto es que el correspondiente a la dictadura de 1976 tuvo que ver con un uso particular en el ejercicio de la violencia política. La diseminación del terror en todo el cuerpo social. La desaparición sistemática de personas. De ciudadanos que terminaron siendo víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país.

“En este marco apocalíptico se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar, a veces, los límites del respeto de los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al Juicio de Dios en cada conciencia y compasión de los hombres”, era parte de lo expresado en el “Documento Final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo”, publicado en abril de 1983 por parte de la Junta. Las elecciones democráticas asomaban y de esta manera los dictadores podrían entonces dejar el poder.

Afortunadamente el 15 de diciembre de 1983, a cinco días de la asunción de quien resultara electo como nuevo presidente democrático de la República, Raúl Alfonsín, dictó un decreto que no dejaría tan al Juicio de Dios el juzgamiento de los hechos cometidos.

El decreto 158/83 ordenaba enjuiciar a nueve militares de las tres armas que integraron las Juntas que dirigieron el país desde el golpe militar de 1976 hasta 1982. Se trataba de Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.

Según la normativa vigente correspondía a la justicia militar el enjuiciamiento  bajo la dependencia de sus propios tribunales, sin importar el delito cometido. A comienzos de 1984 se sancionó la Ley N°23.094, la cual reformaba el Código de Justicia Militar, motivado claramente en un acto político de gobierno en pos de no dejar impunes los delitos que se habían cometido.La ley tenía como objetivo que la justicia militar se ocupara  solo de los delitos de esa índole, permitiendo que otro tipo de delito cometido por militares pueda ser atendido por la justicia civil, y que incluso las sentencias de los tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal.

De esta manera, un año más tarde, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, león Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio, estaba lista para comenzar el trabajo.

El fiscal a cargo fue  Julio César Strassera, quien utilizó como material probatorio el informe “Nunca más” realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) presidida por Ernesto Sábato, que hizo entrega del documento el 20 de septiembre de 1984. Este informe con documentación probatoria terminó por publicarse con el nombre de “Nunca más”; libro que además contiene un apéndice con los nombres de los y las desaparecidos y desaparecidas.

Dicha Comisión había sido creada por el mismo decreto presidencial 158/83. Estaba ligada al Ministerio del Interior y era la encargada de investigar el destino y paradero de los desaparecidos. La CONADEP tenía jurisdicción para oír los reclamos de las víctimas y entregarlos al Poder Judicial.

Podríamos decir que el año 1984, entonces, sirvió de antesala preparatoria para lo que vendría; mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 27 de diciembre de ese año, en una sentencia unánime de 100 páginas, afirmaba que las normas de procedimiento podían ser modificadas siempre y cuando no afectasen una debida defensa y que el cambio de jurisdicción no iba en contra en absoluto con la doctrina del “juez natural”, con lo cual había que separar al órgano juzgador con el Poder Ejecutivo.

La primera audiencia pública del gran juicio tuvo lugar el 22 de abril de 1985. El primer testigo fue Ítalo Luder, ex candidato presidencial. Al día siguiente, Theo Van Boven, en ese momento director de derechos humanos de las Naciones Unidas, atestiguó  sobre las numerosas quejas que el organismo había recibido sobre la situación acaecida en la Argentina durante el régimen militar. Otro testimonio de alto impacto para la opinión pública fue el de Erick Stover, director de la American Science Association, quien identificó los cadáveres de una familia entera. Jacobo Timerman describió su secuestro y tortura, entre otros tantos testigos claves que se sucedieron en esos días.

Luego de la descripción de los 709 casos cuestionados, el trabajo se concentró por parte de la fiscalía en explorar las bases para el castigo. La autoría de los hechos era uno de los puntos más problemáticos a la hora de delimitar la comisión de los delitos. Se tomaron las teorías de Roxin y otros juristas alemanes considerando que el autor detrás del autor podría ser responsable por un crimen llevado adelante por un agente que es absolutamente fungible frente al control total de los aparatos de poder. De esta manera el autor mediato de los delitos, pese a no ejecutarlos directamente, resultaría ser quien da la las ordenes a los subordinados.

Un aditivo importante fue que la fiscalía afirmaba que los acusados eran responsables por los asesinatos y las torturas tanto por comisión como por omisión. También se rechazaron las posibles justificaciones acerca de una legítima defensa entendiendo que no existió ni proporcionalidad, ni estado de necesidad, ni de obediencia a la ley y mucho menos de la existencia de un estado de guerra; puesto que no existía la misma, y en caso de haber existido, los imputados hubieran pasado a ser criminales de guerra.

Strassera argumentó que meramente el pedido del castigo respondía a brindar credibilidad a la amenaza preventiva de la ley.

La defensa comenzó su argumentación el 30 de septiembre de 1985. El defensor de Videla, Carlos Alberto Tavares pidió la absolución de su defendido y la aplicación de la ley de amnistía. Por otra parte, Jaime Prats Cardona,abogado de Massera, afirmó que el juicio era parte de una conspiración para destruir las fuerzas armadas y también pidió por la absolución de su defendido.

Finalmente la Cámara confirmó que los imputados no sólo contribuyeron a los delitos dando las directivas sino también facilitando su ejecución. Se basó en la teoría del “dominio del hecho” de el alemán Hans Welzel en la cual se sostiene que el autor del crimen es el que puede controlar el curso de los delitos.

El 9 de diciembre se dictó entonces la sentencia de la causa 13/84. La misma fue leída por León Arslanian, en su condición de presidente de la Cámara, quien mismo expresó que las juntas “se apropiaron de procedimientos ilegales para combatir la ilegalidad”. Principalmente en el decisorio se reconoció que las juntas diseñaron e implementaron un plan criminal, y que, cada fuerza había actuado autónomamente, llevando a adecuar las penas en función de aquello. La decisión se basó en los 700 casos que se presentaron ante el tribunal, elegidos entre los casi 9000 que investigó la CONADEP.

Jorge Rafael Videla fue condenado a la pena de prisión perpetua como autor responsable de los delitos de homicidio agravado por alevosía reiterado en 16 casos, por homicidio agravado por alevosía y por el concurso de varias personas en 50 casos, por la privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencias, tormentos, robo y amenazas en otros tantos casos.

Videla cumplió sólo cinco años de prisión efectiva. En 1990, el entonces presidente Carlos Menem utilizó la figura del indulto para dictar su excarcelación, junto con la de otros miembros de las juntas militares. El 10 de octubre de 2008 el juez Norberto Oyarbide le revocó el beneficio de arresto domiciliario del que gozaba hacía 10 años. De esa manera Videla fue trasladado a la cárcel que funciona en Campo de Mayo. El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia dictaminó que el indulto que había sido otorgado por Menem no resultaba constitucional y la condena anulada debía entonces cumplirse de manera efectiva. Ese mismo año el Tribunal Oral Federal 1 sentenció con prisión perpetua al represor en el marco de un juicio desarrollado en Córdoba por delitos de lesa humanidad. En sus últimas palabras antes de la sentencia Videla volvió a reivindicar el terrorismo de Estado. Afirmó que “los enemigos derrotados de ayer cumplieron su propósito y hoy gobiernan el país e intentan un régimen marxista a la manera de Gramsci”, en referencia implícita a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Murió el 17 de mayo de 2013 en el Penal de Marcos Paz, a la edad de 87 años, por un paro cardiorespiratorio.

El otro condenado a prisión perpetua por los mismos delitos fue Emilio Eduardo Massera.Roberto Eduardo Viola fue condenado a 17 años de prisión, Armando Lambruschini a 8 años de prisión y Orlando Ramón Agosti fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.Omar Domingo Rubens Graffigna, Arturo Basilio Lami Dozo, Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya fueron absueltos por falta de prueba en la participación de personal a su cargo en alguno de los delitos implementados cuando ellos asumieron el poder. 

Este juicio constituyó la primera vez en la historia de la humanidad que, un grupo de dictadores compareció ante los tribunales de su propio país para ser juzgados por sus crímenes. Esto es lo que lo diferenció de los Juicios de Núremberg o los de la ex Yugoslavia por ejemplo,  donde intervinieron tribunales internacionales, no así jueces compatriotas, aplicando el derecho local. Cierto es que en materia de delitos de lesa humanidad la discusión resulta inevitable. La irracionalidad de los crímenes cometidos torna incluso insuficiente cualquier monto de pena como paliativo a las víctimas, que como bien indica el nombre del delito, resultamos ser la humanidad en su conjunto. La justicia terrenal, aún con sus infortunados desaciertos, viene entonces a reivindicar las luchas de los organismos de Derechos Humanos y de los familiares de los 30.000 desaparecidos.

footer
Top