• domingo 31 de mayo del 2020
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Nuevo DNU: Se derogó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados

Con dicha modificación, se restableció el texto original de la Ley de 25.764 de Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados.

El Presidente de la Nación dictó el DNU N° 168/20, por el cual, dejó sin efecto la emisión de carácter legislativo dispuesta por el ex presidente Mauricio Macri que creó la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Con fundamento en que, al momento de su dictado no existieron circunstancias excepcionales que motivaran ese decreto de necesidad y urgencia, Alberto Fernández derogó esa disposición y restableció el texto original de la Ley 25.764 de Programa de Protección a Testigos e Imputados.

En noviembre de 2019, Mauricio Macri había dictado el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 795/2019. Por esa disposición, se modificó la Ley 25.764, y se creó la Agencia Nacional y el Consejo Consultivo de Protección a Testigos e Imputados.

El nuevo organismo tenía como función principal la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de dichos sujetos, que hubieran colaborado en una investigación judicial de competencia federal relativa a los delitos de secuestro, secuestro extorsivo y los tipificados por la Ley N° 23.737. Dicha misión, ya estaba prevista por el texto original, pero estaba enmarcado en el Programa de Protección, bajo la órbita del Ministerio de Justicia.

A su vez, ese DNU produjo la creación de un Consejo Consultivo, integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el Procurador General de la Nación o un funcionario de dicho cuerpo, y el Secretario de Seguridad o un representante del Ministerio de Seguridad.

Ante dicha disposición, la Cámara Federal de Casación Penal manifestó, en ese momento, su preocupación “por la compatibilidad de su aplicación en relación a las atribuciones constitucionales y legales” de esa Cámara. Ocho de los trece jueces del organismo firmaron en diciembre de 2019 la Resolución N° 822/19 que dirigieron a la Corte Suprema de Justicia para expresar su descontento.

Ahora, con la sanción del nuevo DNU, se derogó la creación de la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, así como, las demás disposiciones que modificaban la Ley 25.764. Por ende, se restableció el texto original de dicha norma.

La motivación principal de esta emisión de carácter legislativo, fue que de la lectura del mencionado decreto se verifica que, al momento de su dictado, no existieron circunstancias excepcionales que justificaran la sanción del DNU N°795/19. En virtud del artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional,  dicha circunstancia  anormal debe impedir seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes.

Accedé al DNU N° 168/20.

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