• domingo 31 de mayo del 2020
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Definieron que el reclamo administrativo no impide luego iniciar la acción judicial de acceso a la información pública

Una decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, compuesta por los jueces Jorge Esteban Argento, Carlos Manuel Grecco y Sergio Gustavo Fernández, decidió en un fallo del día de hoy, revocar la sentencia de primera instancia y admitir la acción de amparo interpuesta por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En el caso la parte actora efectuó  ante la AFIP un pedido de acceso a la información pública para acceder a determinados datos sobre la cantidad de beneficiarios, sus nombres, y montos de los beneficios percibidos en virtud de la implementación de los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos, previstos en la ley 23.018 y el decreto 2.229/2015, que, por Resolución AFIP -2019-2-E- le fue denegado con fundamento en lo establecido en el art. 8, inc. i de la ley 27.275, al considerar que resultaba necesario el consentimiento de los titulares de  los datos con los que contaba esa Administración Federal, al encontrarse alcanzados por la ley 25.326.

Frente a esa denegatoria, la actora concurrió a la instancia administrativa, a través de la Agencia de Acceso a la Información Pública y obtuvo una decisión favorable: el organismo intimó a la AFIP a poner a disposición de la interesada la información solicitada de conformidad con lo dispuesto en el art. 17, inc. b) de la ley 27.275. Sin embargo, la AFIP no cumplió, motivo por el cual se interpuso una acción de amparo, que fue rechazada ya que la jueza de primera instancia consideró que la opción ejercida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) de acudir a la vía administrativa, había tornado inadmisible la acción de amparo intentada.

No obstante, ambas partes interpusieron recursos de apelación. La actora cuestionando el decisorio, en tanto lo consideró como una denegación de justicia y la demandada en relación a la distribución de las costas del proceso: solicita que sean impuestas a la actora perdidosa, en ambas instancias.

En este fallo, la Cámara sostuvo que la circunstancia de haber ocurrido la actora previamente por la vía administrativa no excluye, por sí misma, la procedencia de la vía de la acción de amparo. En efecto, según lo establecido en el artículo 14 de la ley 27.275, las decisiones en materia de acceso a la información pública “...son recurribles directamente ante los tribunales de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda según el legitimado pasivo... En ninguno de estos dos supuestos, podrá ser exigido el agotamiento de la vía administrativa”.  

“En estos términos, no cabe sino afirmar que del propio texto norma transcripta surge el carácter irrestricto e incondicionado del acceso a la jurisdicción que la ley garantiza, al eximírsele al solicitante la exigencia de agotar la vía administrativa”. No puede sostenerse, entonces, que la elección de la vía administrativa impida accionar judicialmente.

Además, en el mencionado artículo 14, se prevé que el reclamo “...promovido mediante acción judicial tramitará por la vía del amparo y deberá ser interpuesto dentro de los cuarenta (40) días hábiles desde que fuera notificada la resolución denegatoria de la solicitud o desde que venciera el plazo para responderla, o bien, a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley”.

Por lo tanto, revocó la sentencia apelada en cuanto consideró improcedente la vía del amparo por haber ocurrido la actora a la instancia administrativa. En consecuencia, la Cámara se expidió sobre el fondo y consideró que los sujetos obligados sólo podrán negarse a proveer la información “si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de algunas de las excepciones previstas en el artículo 8º de la ley 27.275. En todo caso, la falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida”; circunstancias que no se han verificado en el caso, ya que la AFIP no fundó debidamente su negativa al requerimiento en cuestión. En consecuencia, se le ordenó que proceda a brindar la información solicitada en un plazo de diez días.

Accedé al fallo de primera instancia.

Accedé al fallo de Cámara.

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