• viernes 28 de febrero del 2020
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La Justicia federal rechazó una demanda presentada por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires

El representante de la entidad reclamaba la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 1255 del Código Civil y Comercial por afectar las autonomías provinciales

El Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de La Plata N° 4 rechazó una demanda interpuesta por el entonces presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, el Dr. Bienvenido Rodriguez Basalo.

El letrado reclamaba la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 1255 del Código Civil y Comercial. En su consideración, la expresión “Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios” -regulada en ese artículo- colisiona con las autonomías provinciales.

El Dr. Bienvenido Rodriguez Basalo sostuvo en la demanda que dicha prescripción normativa avasallaba las autonomías provinciales al regular más allá de los límites propios de la materia civil. Consideró que, al introducirse ese precepto en la regulación del ejercicio profesional propio del ámbito local, se produce una severa transgresión al reparto de competencias previsto en la Constitución Nacional.

El actor se fundó en el artículo 121 de la Carta Magna, donde sustentó su argumentación al afirmar que dicho mandato “signa poder de policía a las Provincias, mientras que la Nación solo puede ejercerlo en los casos de delegación, o de función concurrente, no encontrándose la facultad de reglamentar profesiones en ninguno de dichos supuestos”.

En la contestación de la demanda, el Estado Nacional sostuvo la carencia de legitimación activa para demandar en dicha causa por parte de los actores. Asimismo, expresó que en la causa no existe un caso judicial, en tanto, el perjuicio   resultaba meramente conjetural.

Por su parte, el Juzgado entendió, en primer lugar, la procedencia de la acción declarativa, ya que concurría una controversia fundada en la existencia de interés jurídico suficiente, respecto del perjuicio que podría acarrearle al demandante la cláusula contenida en la norma impugnada.

En segundo lugar, consideró que el Colegio poseía legitimación activa suficiente en el caso, en razón, de su carácter de persona pública de derecho público con injerencia en la administración de justicia.

Sobre el fondo de la cuestión dirimida, el Juzgado federal sostuvo que la redacción del artículo 1255 del nuevo código, conserva los mismos efectos que ya generaba el artículo 2 de la Ley 24.432. A su vez, afirmó que la redacción del artículo 1255 tiene un inequívoco sentido de ampliar la autonomía de la voluntad  en materia de contratación de servicios.

En ese sentido, a criterio del juez Osvaldo Recondo, la norma establece la primacía de la libre contratación en la materia, por sobre las normas arancelarias locales. Citando a la Corte Suprema, consideró que la existencia  del poder de policía local en la materia, no puede extenderse a los aspectos regulatorios de competencia de la Nación, como lo es, inequívocamente, la regulación de orden   público en materia contractual.

Accedé al fallo.

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