• viernes 28 de febrero del 2020
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La Corte Suprema expresó que el idioma nacional no es una condición imprescindible para el ejercicio de derechos políticos de extranjeros

Lo determinó en un fallo acerca de la exigencia de conocimiento del idioma nacional para obtener la ciudadanía argentina. Rosenkrantz, en disidencia, dijo que esa valoración escapa al escrutinio judicial.

Con la firma de los cinco miembros, el Máximo Tribunal declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto por la señora Liu Cairong y dejó sin efecto la sentencia apelada. La actora, interpuso el remedio federal contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había considerado que el conocimiento del idioma castellano era necesario para obtener la ciudadanía argentina.

La Ley de Ciudadanía N° 346 es una norma de alcance federal que determina las condiciones para obtener la ciudadanía argentina por parte de los extranjeros. En sus disposiciones, no contempla el requisito o exigencia de tener un conocimiento del idioma nacional para el otorgamiento de la ciudadanía argentina. Sin embargo, la norma de facto N° 21.795 –vigente anteriormente- hallaba ese precepto como condición.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata interpretó que tal requisito resulta imprescindible para poder ejercer los derechos políticos inherentes a la condición de ciudadana. La actora no había demostrado en la causa su conocimiento del idioma nacional.

Tras ese pronunciamiento, la señora Liu Cairong interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El máximo órgano judicial determinó que “exigir -como lo hace la cámara- la acreditación de dicha aptitud por parte de la actora contradice claramente, no solo el texto de la ley vigente, sino también el propósito perseguido por el legislador al restablecerla.”

A su vez, en su mayoría la Corte expresó que carecía de sustento la afirmación según la cual el conocimiento elemental del idioma nacional resultaría una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos. Además, aclaró que la conveniencia de establecer la exigencia y el alcance de ese requisito es potestad exclusiva del legislador.

Por su parte, Carlos Rosenkratz disintió en este último punto con el resto de sus pares. En su voto estableció que la valoración de si el conocimiento del idioma nacional resulta una condición imprescindible para el ejercicio de los derechos políticos es una cuestión de mérito o conveniencia que escapa al escrutinio judicial.

Accedé al fallo. 

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