• martes 07 de julio del 2020
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La Justicia rechazó una acción de amparo que cuestionaba prestaciones del Programa Médico Obligatorio

Se trata de la incorporación de Triptorelina amp. 3,75 mg. y Triptorelina amp. 11,25 mg para ser utilizados por los efectores del sistema público y obras sociales en niños, niñas y adolescentes.

Así lo decidió el juez a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 7, Pablo Cayssials, al rechazar in limine la acción iniciada por el Partido Demócrata Cristiano con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 3159/2019 del Ministerio de Salud, que amplía el Programa Médico Obligatorio (PMO) incluyendo en el mismo Triptorelina amp. 3,75 mg. y Triptorelina amp. 11,25 mg los que calificaron como “inhibidores de la pubertad”.

María Alejandra Muchart -en su carácter de Presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y el Dr. Ernesto Ricardo Lamuerda -en su carácter de postulante al cargo de Defensor de las Niñas, Niños y Adolescentes- iniciaron un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la mencionada resolución y que en consecuencia se deje sin efecto el suministro de Triptorelina amp. 3,75 mg. y Triptorelina amp. 11,25 mg a niñas y niños pre púberes, ya que “su único fin es provocar la infantilización compulsiva del indefenso infante y, por ende, impedir que se desarrollen los caracteres sexuales secundarios propios de su sexo biológico”

Además sostuvieron los accionantes que la norma impugnada “no fue tramitada ni consultada con ningún organismo con competencia en los intereses de la infancia y, por consecuencia, existe un estado de indefensión” de los niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, la acción fue rechazada. Entendió el juez que la sola invocación de una presunta afectación a la salud de los niños, niñas y adolescentes que podrían generar las disposiciones contenidas en la Resolución 3159/2019, no basta para habilitar el amparo colectivo. El mismo requiere que el reclamo posea “concreción e inmediatez para configurar una controversia definida, concreta, real y sustancial que admita remedio a través de una decisión que no sea sólo una opinión acerca de cuál sería la norma en un estado de hecho hipotético”. Y reitera que este tipo de acciones no deben tratarse de un mero pedido en el que se procura la declaración de inconstitucionalidad de normas o de actos de otros poderes.

Accedé al fallo.

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