• domingo 31 de mayo del 2020
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Despidos en la ORT: un claro caso de discriminación sindical

Antes de la finalización del ciclo lectivo, la escuela ORT decidió despedir a diez docentes de su sede en Almagro sin causa ni preaviso. La sucesión de hechos hace presumir que la medida fue adoptada como represalia a la actividad sindical de los cesanteados, algo prohibido por numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional que también ha sido objeto de estudio por la Corte Suprema en el caso “Álvarez c/ Cencosud”.

Varios docentes de esta institución comenzaron a agruparse y organizarse para encontrar espacios colectivos en los cuales canalizar sus demandas laborales, lo que llevó a algunos de ellos a afiliarse a la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y a elegir este año, por primera vez, delegados en la institución. Además de las condiciones de trabajo, otro conflicto que se suscitó estuvo vinculado a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), que es un mandato legal imperativo para los maestros, pero las autoridades de la escuela obligaron a aquellos a no abordarla en las clases.  

En este contexto es que la escuela despidió a todos los trabajadores que se habían afiliado a la UTE y a una docente más que, sin estar afiliada, había reclamado que le permitieran abordar los contenidos de la ESI en sus clases. 

El principio de igualdad y prohibición de toda discriminación constituye un derecho humano fundamental garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional, y reafirmado y profundizado por diversos instrumentos que integran el bloque de constitucionalidades tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros. 

En lo que respecta a las relacionales laborales y en particular el derecho a la sindicalización, el Convenio Nº87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que también tiene jerarquía constitucional en Argentina, establece el derecho de los trabajadores a afiliarse a una organización sindical. Y el Convenio Nº98 de jerarquía superior a las leyes, entiende que despedir a un trabajador a causa de su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales constituye un acto discriminatorio tendiente a menoscabar el derecho a la libertad sindical. Como se observa, expulsar a trabajadores como consecuencia de su accionar sindical implica atentar contra principios esenciales del sistema internacional de derechos humanos el cual integra un núcleo intrínseco de la democracia argentina. 

Un episodio similar al aquí detallado ocurrió años atrás dentro de la empresa Cencosud, la cual despidió a un grupo de trabajadores luego de que decidieran crear un sindicato y llevaran adelante reclamos de carácter gremial. El caso llegó a la Corte Suprema la cual determinó no sólo que el despido de esos trabajadores había sido un neto hecho de discriminación sindical, sino que, con arreglo a la Ley Antidiscriminación, ordenó su reincorporación. En sus considerandos, el máximo Tribunal advirtió en ese entonces que “el mentado carácter erga omnes establece una obligación de respeto de los derechos humanos en los vínculos inter privatos, la cual, desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, se especifica en el marco de la relación laboral en el deber del empleador de respetar los derechos humanos de sus trabajadores”. Esta fue la forma de reafirmar el mandato imperativo que tienen los empleadores en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de sus empleados, y que no hay prerrogativa ni pretexto que admita vulnerarlos o violentarlos.   

Cabe agregar a todo lo dicho que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, órgano que tiene la tarea de interpretar las normas de este organismo, ha sostenido que “de todas las formas de discriminación antisindical, el despido es la que tal vez acarree consecuencias más graves” e insta a que los Estados implementen una inversión de la carga de la prueba en materia de discriminación. Afirma que “trasladar a los trabajadores la carga de probar que el acto del que se les acusa obedece a motivos de discriminación antisindical puede constituir un obstáculo insuperable para el establecimiento de responsabilidades y para la reparación adecuada de los perjuicios sufridos”. Por tanto recomienda que se le exija “a los empleadores que, en determinadas circunstancias, demuestren que el presunto acto de discriminación antisindical obedeció a consideraciones ajenas a la afiliación o actividades sindicales”.

En conclusión, el hecho de que se haya despedido a la totalidad de los docentes que optaron por sindicalizarse y a una profesional más que, sin haberlo hecho, también realizó reclamos ante las autoridades, y ante la falta de explicaciones de los empleadores para motivar tal decisión, no cabe otra posibilidad que sostener que los despidos fueron actos de discriminación sindical, los cuales están extensamente prohibidos por todo el andamiaje legal argentino y perturba derechos fundamentales de los damnificados. A la luz de lo analizado, con el marco legal vigente y el antecedente de la Corte Suprema, la solución a este conflicto debería ser la reincorporación inmediata de todos los cesanteados, el pago de los salarios caídos y una indemnización por daño moral. Sería preocupante y un franco retroceso en la plena vigencia de los derechos humanos que haya una solución alternativa a la mencionada. 

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